Es oriundo de Tartagal. Según el Ministerio Público Fiscal hubo un vínculo digital con el autor del tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de esa localidad santafesina, donde un estudiante resultó muerto.
A raíz de ese informe el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, dispuso que se conformara una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, para “intervenir en estas actuaciones originadas a partir de información remitida por la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de la ciudad de Rafaela que está a cargo de la investigación del homicidio del adolescente de la Escuela Mariano de San Cristóbal.
En esa investigación surgieron “elementos que requerían la profundización investigativa respecto de un menor (de edad) residente en una localidad del norte provincial”, informó el MPF salteño en un parte de prensa. El organismo añadió que en la evidencia digital “se advirtieron manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes, en relación con posibles interacciones en entornos virtuales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en comunidades digitales».
En ese marco, por pedido del Ministerio Público Fiscal y la autorización del juez Aníbal Burgos, del Juzgado de Menores en turno, anteayer se llevaron a cabo allanamientos, registros e inspecciones en dos viviendas de Tartagal, “con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y preservar evidencia digital potencialmente relevante”. Según se informó, secuestraron dispositivos informáticos y soportes tecnológicos con el objetivo de “identificar posibles archivos o datos alcanzados por la orden judicial”.
También se adoptaron “todas las medidas urgentes de resguardo y protección consideradas necesarias”. Se dio intervención a la Asesoría de Incapaces, que a su vez articuló actuaciones con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Asimismo, se dispuso una consigna policial fija en el domicilio del adolescente involucrado y está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación de este chico y sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.