La denuncia también incluye a otras personas que pudieron haber participado en los hechos ocurridos el 11 de agosto en el recinto legislativo.
Adriana Bañagasta, presidenta del Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán, presentó una denuncia penal contra la concejal de La Libertad Avanza, Sabrina Gomila, y la funcionaria Mónica Selvioglu por delitos de usurpación de autoridad, abuso de autoridad y perturbación del orden legislativo.
La presentación se realizó ante la Fiscalía Penal N.º 1 del Distrito Judicial del Norte. Bañagasta solicitó, además, una medida cautelar de urgencia para impedir que las denunciadas tomen posesión de oficinas, documentación y cuentas bancarias del Concejo.
El conflicto se originó durante una sesión ordinaria en la que se sometió a votación la remoción del secretario administrativo del Concejo. La candidatura de Mónica Selvioglu para ese cargo no alcanzó la mayoría requerida. Una vez agotado el tratamiento del temario, Bañagasta dispuso el levantamiento y finalización de la sesión, según señaló Nuevo Diario, invocando las facultades previstas en el Reglamento Interno.
Después del retiro de las autoridades constituidas, un grupo de concejales permaneció en el recinto y llevó adelante lo que Bañagasta calificó como un «simulacro de sesión carente de toda validez jurídica». En ese momento, Sabrina Gomila se atribuyó el cargo de presidenta circunstancial e intentó reabrir una sesión que ya había finalizado, desconociendo el orden de prelación establecido en el Reglamento Interno.
Posteriormente, se tomó juramento a Selvioglu como nueva secretaria administrativa, sin seguir el procedimiento de designación reglamentario. A partir de ese acto, las denunciadas pretendieron avanzar sobre la administración del cuerpo y exigieron tomar posesión de oficinas y documentación, lo que generó una situación que Bañagasta denominó de «institucionalidad paralela». La presidenta debió solicitar la presencia policial para custodiar los espacios y documentos del Concejo.
La denuncia cuestiona que Gomila y Selvioglu ejercieran funciones sin nombramiento de la autoridad competente. Bañagasta argumentó que existe intención de tomar de manera ilegítima el control administrativo y financiero del cuerpo legislativo e incorporó al expediente el acta de la sesión, copias del Reglamento Interno, correspondencia oficial y registro audiovisual de los hechos.