La iniciativa impulsada por la organización “Na Nechepa” (Levantémonos) reconoce como crímenes de odio racial a la las violaciones y violencia sexual ejercidas sobre niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias.
El proyecto apunta a dar marco legal a una realidad que, según denuncian sus promotoras, permanece oculta y es sostenida por discursos que presentan estas agresiones como prácticas culturales. La iniciativa es resultado del testimonio de numerosas mujeres indígenas y del trabajo conjunto con una red de organizaciones feministas de la provincia. El proyecto llegó de Diputados con modificaciones y por eso hubo que ratificarlo en el senado que lo aprobó por unanimidad. El encargado de informar sobre el proyecto fue uno de sus autores, el senador por Iruya, Walter Cruz, integrante del Pueblo Kolla.
“Estos delitos no solo lesionan a una persona, sino que buscan deshumanizar a todo un colectivo históricamente vulnerado, como son nuestras comunidades indígenas”, sostuvo en el inicio. El debate fue seguido por un grupo de mujeres indígenas, entre ellas la médica wichí Tujuay Zamora, hija de Octorina Zamora, que por años denunció la persistencia de estas prácticas de odio instauradas con la colonia. En su alocución, Cruz también recordó a Octorina: “cuya voz nos guio para visibilizar lo que muchos pretendían callar, el horror de los crímenes de odio contra nuestros pueblos originarios”, subrayó.
El senador consideró que las modificaciones de Diputados fortalecen el texto original de esta ley. En el artículo primero se especifica que las víctimas principales de estas agresiones son las mujeres, niñas y adolescentes originarias; también se incorporó un protocolo interinstitucional de actuación que permita la detección temprana y asistencia integral, se confeccionará un registro de casos que servirá de base para diagramar políticas públicas de intervención y se mantuvo la facultad de la Defensoría General para actuar como actora civil en representación de las víctimas.
“Con esta ley intentamos que tanto nuestras hermanas, las víctimas, y los victimarios entiendan que no es natural esto, que no es normal, que es un delito y que se debe denunciar”, insistió antes de afirmar que tanto la reglamentación como la ejecución debe hacerse con la consulta previa e informada de las mujeres indígenas y con la participación de intérpretes.