Un exinterno declaró que los jefes del penal aprovechaban su jerarquía para evitar controles. La red operaba con total impunidad dentro de la Unidad Carcelaria 1.
El juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 continuó con testimonios que detallaron el funcionamiento interno de la organización. Un testigo, actualmente alojado en un establecimiento federal, describió ante el tribunal colegiado cómo los funcionarios jerárquicos ingresaban sustancias estupefacientes aprovechando que no eran sometidos a requisas.
El declarante, quien estuvo detenido en el penal hasta abril de 2022 por una causa de drogas, relató que los jefes involucrados en la comercialización lo obligaron a contactar a un antiguo proveedor para conseguir mercancía. Según su testimonio, la coerción incluía amenazas de suspender las visitas, reducir los puntos de concepto o ejercer presiones de diversas formas.
Las operaciones se desarrollaban sin ocultamiento dentro del establecimiento. Los internos formaban filas en los teléfonos públicos para transmitir a sus familiares los alias y números de CBU necesarios para el pago de drogas, celulares y beneficios carcelarios. El consumo ocurría en los pabellones, específicamente en celdas y baños, donde los celadores no ingresaban y los guardiacárceles observaban sin intervenir, salvo en caso de peleas.
El sistema de distribución funcionaba a través de un interno específico, también imputado en la causa, quien recibía las sustancias de los jefes y se encargaba de su reparto. Los familiares que visitaban el penal conocían las cuentas bancarias manejadas por la organización y realizaban transferencias para evitar represalias contra los detenidos endeudados por drogas.
La red también operaba un esquema de cobranza donde los jefes reclutaban a internos para presionar a los deudores. Los más adictos accedían a realizar estas tareas a cambio de más droga. Paralelamente, funcionarios cobraban sobornos por beneficios en los expedientes, reclamando pagos en las rejas por haber conseguido puntos favorables en el Consejo Correccional, maniobras que se realizaban «con mucho descaro», según el testimonio.
El testigo también reveló la venta de celulares secuestrados en las requisas, que eran comercializados inmediatamente por los propios guardiacárceles y volvían a circular el mismo día.
Recordemos que en este juicio, los funcionarios del Servicio Penitenciario enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas, concusión, comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita. Los internos y familiares implicados están acusados por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, todos en concurso real.