La tercera jornada del proceso judicial contra Cositorto y sus cómplices iincluyó testimonios de víctimas que entregaron ahorros en dólares para supuestas inversiones. Los denunciantes relataron cómo la empresa les prometía rentabilidades de hasta 15% mensual a través de una aplicación móvil.
Siete denunciantes declararon durante la tercera jornada del juicio contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de Fundación Zoe, y cuatro integrantes del staff de la sucursal salteña. Entre los testimonios se encuentran los de una abogada, cuatro efectivos del Servicio Penitenciario y un policía aeroportuario retirado, quienes relataron cómo entregaron sus ahorros en dólares para supuestas inversiones financieras.
Los testigos coincidieron en que conocieron las operaciones de la empresa a través de compañeros de trabajo o amigos, quienes recibían comisiones por atraer nuevos inversores. La compañía les informaba que podían retirar los intereses generados, pero el capital inicial solo se recuperaba después de tres años. Como alternativa, les ofrecían reinvertir el dinero en bots de criptomonedas.
Los damnificados seguían el crecimiento de su capital mes a mes a través de una aplicación móvil que debían descargar en sus celulares, lo que los alentaba a continuar invirtiendo. La empresa generaba confianza porque contaba con sucursales en diferentes ciudades y oficinas céntricas bien instaladas en Salta, donde los responsables garantizaban que la firma operaba en regla.
Según información del Poder Judicial de Salta, uno de los testigos mencionó que en las instalaciones de Zoe funcionaba tanto la financiera como un templo donde se realizaban reuniones y ceremonias. Los coimputados actuaban como interlocutores de la fundación en Salta y se encargaban de recibir el dinero de la membresía, prometiendo réditos del 7,5%, 15% o incluso superiores.
Una denunciante detalló que tras entregar sus ahorros en noviembre de 2021, recibió un recibo firmado por Ricardo Vilardel, quien figuraba como director de Zoe. Aunque exigió un contrato, solo le hicieron firmar un «formulario de adhesión a fideicomiso» sin darle acceso al documento completo. Optó por el cobro mensual de intereses y recibió pagos en efectivo y dólares durante tres meses consecutivos en las oficinas de la empresa.
Cuando se difundió en medios que Cositorto había sido denunciado en Córdoba, los inversores comenzaron a hacer consultas insistentes en el grupo de WhatsApp de Zoe. Los administradores anularon la opción de comentarios y posteriormente promocionaron una nueva empresa llamada Sunrise a través de otra aplicación, hasta que finalmente informaron el cierre de la oficina salteña. Junto a Cositorto están imputados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita en concurso real.