CGT, CTA y ATE trabajan en presentaciones para declarar inconstitucional el decreto 340 que amplía actividades esenciales. El gobierno utilizó la regulación de la Marina Mercante para limitar nuevamente las protestas laborales.
Las principales centrales obreras del país se aprestan a resistir judicialmente el decreto 340 publicado esta semana por el gobierno de Javier Milei, que vuelve a restringir el derecho a huelga mediante la ampliación de actividades consideradas esenciales. Equipos jurídicos de la CGT, las dos CTA y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informaron a la prensa que ya trabajan en presentaciones para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la medida.
El decreto, que oficialmente regula el Régimen de Excepción de la Marina Mercante, modificó de manera encubierta artículos de la ley de Régimen Laboral N° 25.877. La norma amplió el abanico de actividades caracterizadas como esenciales y de importancia trascendental, e impuso la obligación de garantizar coberturas mínimas del 50% y 75% de prestación del servicio normal durante los conflictos laborales.
La CGT confirmó que su equipo jurídico, encabezado por el abogado Pablo Topet -quien ya patrocinó el amparo contra el DNU 70/2023-, presentará la acción judicial a más tardar la próxima semana. Por su parte, las dos CTA, lideradas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, trabajan en una presentación unificada que se definirá este viernes en una reunión entre representantes de ambas organizaciones.
Los argumentos centrales de las presentaciones apuntarán a que los tratados internacionales establecen que el Estado debe garantizar el derecho a huelga, no eliminarlo, y que solo se aceptan restricciones en actividades que pongan en riesgo la vida, salud y seguridad de las personas. «Este decreto es una copia fiel del capítulo laboral del DNU 70/2023 que fue rechazado por la Justicia en primera y segunda instancia», afirmó Godoy.
El decreto 340 guarda estrecha relación con el polémico DNU 70/2023 que Milei firmó días después de asumir, cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo y permanece suspendido, aunque la decisión final aún está en manos de la Corte Suprema. Los dirigentes sindicales y abogados laboralistas coinciden en que la nueva medida «vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo».