La madre que perdió a sus hijos al incendiarse la precaria casa que habitaban iba a ser enjuiciada por “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo”. La campaña nacional que exige el sobreseimiento acorraló a la justicia.
La noticia de la suspensión del juicio se conoció ayer a la tarde. «Una resolución del Juez a cargo de la causa determinó su ‘suspensión’ por tiempo indeterminado», destaca un parte del partido Política Obrera que desde el principio estuvo vinculada a la campaña que se extendió a lo largo y ancho del país para pedir la absolución de Yolanda Vega.
La mujer de Colonia Santa Rosa perdió a sus dos hijos en febrero del 2021 cuando un sobrecalentamiento eléctrico genero un incendio en la casilla de madera que habitaban. A horas del hecho, la justicia ordenó su detención. La fiscalía penal GAP aducía que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación y se opuso con una apelación a la decisión posterior –de principios de marzo de 2022– a que Yolanda recuperase la libertad mientras se investigaran las sospechas. Esa apelación fue desechada por un Tribunal de Impugnación y por eso Vargas siguió en libertad, aunque continuó imputada. El juicio contra ella iba a comenzar el próximo lunes en sede judicial de Orán.
La campaña que durante todo el año 2024 exigió su sobreseimiento concito la atención de periodistas, hombres y mujeres de la cultura, informes periodísticos que daban cuenta del absurdo legal que se estaba cometiendo a raíz del sesgo racista y patriarcal de la justicia que –¿acorralada?– prefirió suspender por tiempo indeterminado el juicio, aunque los que se pusieron la campaña sobre sus espaldas siguen exigiendo el sobreseimiento.
«Según cita el juez, ese dictamen afirma que Yolanda no se encuentra en condiciones anímicas para afrontar el juicio, por encontrarse ‘procesando el duelo por sus dos hijos’ fallecidos en el incendio (…) A nadie puede sorprender que Yolanda Vargas se encuentre bajo un estado de conmoción personal y anímica. Por la pérdida de sus hijos, y por el atropello infinito que implica que el Estado –que debería ser el verdadero acusado– se haya erigido en acusador (…) La suspensión improvisada del juicio pone de manifiesto la inviabilidad y arbitrariedad de la causa en curso. Es una decisión que tiene lugar en medio de un clamor nacional e internacional por la absolución de Yolanda, que se ha expresado a través de numerosos pronunciamientos y manifestaciones”, destacaron en un comunicado la dirigencia salteña de Política Obrera.