Será entre el 20 y el 25 de enero. Partirán desde Tartagal hasta la ciudad de Salta. Señalan que el gobierno nacional no los tiene en cuenta.
En la segunda asamblea de la Mesa de Derecho Indígena se decidió que habrá diferentes actividades para denunciar que el gobierno de Javier Milei no tiene en cuenta a las comunidades. Una de las primeras medidas será la marcha que se realizará entre el 20 y el 25 de enero de Tartagal a la ciudad de Salta.
David Torres, miembro de la Comunidad Lules y participante de la asamblea, dijo en Nuevo Diario que «la situación es de mucha preocupación, porque al estar anulada la emergencia territorial y derogada la Ley 26.160, todas las comunidades, incluso las que tienen relevamiento terminado, se verán afectadas».
«Ya hemos visto casos como el de Mendoza, donde se echaron para atrás resoluciones que reconocían la posesión de las tierras, dando paso a juzgados que procesan a nuestra gente y terminan dejando las tierras en manos de supuestos titulares registrales», siguió Torres, que confirmó que también se prevén actividades en febrero, marzo y abril, incluyendo manifestaciones en el marco del Día del Indio Americano.
«Muchas comunidades viven en el bosque o dependen de él para sobrevivir. Ahora, con esta nueva legislación que pone más de 720.000 hectáreas en el mercado, estamos a las puertas de posibles desalojos masivos», destacó Torres.
«Ese laboratorio de políticas represivas que diseñó Bullrich se está trasladando a nuestras regiones bajo diversas excusas. La preocupación es muy grande porque estas estrategias se están afinando para implementar más represión aquí», siguió el representante, quien comparó la gestión actual de los libertarios con las anteriores administraciones nacionales.
«Antes, aunque fuese limitado, existía un espacio de diálogo. Ahora, el Estado ha cerrado completamente la participación y no reconoce la representatividad de nuestras autoridades tradicionales. Tampoco sabemos qué está haciendo el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas), que antes registraba comunidades y certificaba la elección de autoridades. Hoy todo está paralizado, lo que muestra el desprecio hacia nuestras instituciones», agregó.
«El Estado ha cerrado el diálogo y no reconoce las representaciones legítimas de las comunidades indígenas. Antes, al menos teníamos espacios de participación; hoy ni siquiera eso», dijo Torres.
«Vamos a organizar bancos de alimentos para que los hermanos puedan resistir. Este gobierno buscará dispersarnos o evitar que lleguemos, pero no vamos a retroceder», agregó.
