La Intergremial del sector apuntó contra el ministerio de Educación. La dejadez edilicia y la falta de personal de maestranza fueron mencionadas como pruebas de que el gobierno tardó en preparar el regreso de las clases presenciales.
La vuelta a clases ya fue anunciada por el gobierno y cuenta con el visto bueno del Comité Operativo de Emergencia. En ese marco, se emprendió la primera reunión con los gremios docentes para tratar las paritarias 2021. Del encuentro surgió la demanda de la Intergremial que exige cerrar los acuerdos salariales del año pasado y que para 2021 al menos se pueda cubrir la canasta básica.
No obstante, contaron que el principal tema del encuentro fue el retorno presencial a las aulas y por eso consideraron que el gobierno de Salta inició de forma tardía la preparación para el regreso. La sección local del diario Página 12 recogió varios testimonios en ese sentido.
El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, señaló que «falta mucho» en la cuestión edilicia de las escuelas. «Si bien se está trabajando con Nación y los municipios, creo que no alcanza el tiempo porque el gobierno empezó tarde», consideró. En la provincia existen actualmente 890 establecimientos educativos y los gremios aseguran que un porcentaje de ellos que carece de agua potable o no cuentan con el arreglo de los baños.
Desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) coincidieron en que el gobierno «empezó tarde» el plan de retorno y «tendrán que hacer un gran esfuerzo para que las escuelas estén en condiciones», afirmó su titular, Guillermo Burich. Por su parte, el secretario general de la CTA Salta y representante de la Agremiación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, dijo que la última palabra sobre la apertura de las escuelas la tendrán sus directivos. «Será el director el que diga si hay ordenanzas o si la escuela está en condiciones, pero eso se sabrá cuando se hagan presentes los alumnos», apuntó.
La cuestión del personal de maestranza no es un tema menor. Desde junio del año pasado medio como el citado advierten que al menos 548 las ordenanzas están comprendidos dentro de los grupos de riesgo ante la covid-19 y que por lo tanto deben tener una suplente. Al respecto, gremialistas como Fernando Mazzone contaron que el ministro de Educación Matías Cánepa informó que serían 700 las personas que trabajarían como ordenanzas en la Capital y que su contratación sería a través del programa nacional Potenciar Trabajo.
Por su parte, desde la docencia surgen voces que aseguran que en la provincia se deberían sumar 1.500 nuevas ordenanzas y que el pedido de contrataciones para este sector se viene arrastrando desde hace año. En su momento, Burich ya había denunciado que “hay muchos cargos de ordenanzas que no se cubren», que estas vacantes se produjeron porque hubo cambios de funciones o se jubilaron y hoy se dan casos de algunas escuelas que funcionan con un o una ordenanza por turno.
