Federico Núñez Burgos solicitó que el costo financiero total no supere la inflación interanual cuando una persona busca reestructurar una deuda. El funcionario advirtió que la banca aplica tasas de hasta el 90% a quienes ya se encuentran en mora.
El defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, solicitó al Banco Central de la República Argentina que establezca un tope para el costo financiero total de los créditos refinanciados, en el marco de una presentación realizada el martes. El pedido consistió en que la tasa de interés aplicada a quienes buscan un plan de pago no supere el valor de la inflación interanual.
En diálogo con el programa Cuarto Oscuro, de FM La Plaza 94.9, Núñez Burgos explicó que «cuando yo voy a refinanciar un crédito, me ponen una tasa de interés» y sostuvo que esa tasa «no va a ser superior» a la inflación. El funcionario detalló el mecanismo que, según indicó, atraviesan quienes se endeudan: primero se les cobra una tasa cercana al 90% por el uso de la tarjeta de crédito, luego, al entrar en mora, se les aplica nuevamente ese porcentaje, y finalmente, al acceder a un plan de pago o refinanciación, vuelven a recibir una tasa de entre el 70% y el 90%.
«Si la inflación te da el 25 por ciento, la tasa de interés del banco no puede ser mayor al 25 por ciento. Porque si no, quiere decir que están ganando plata de más, hay una renta extraordinaria ahí que resulta de la especulación financiera, y eso es una locura, es una barbaridad», afirmó el defensor. Según explicó, mientras los ingresos y salarios se ajustan por inflación, el costo financiero de los bancos resulta «4 veces superior» a esa misma inflación.
Consultado sobre si el Banco Central tiene competencia para fijar esos topes, Núñez Burgos respondió que el organismo es «el ente regulador de los bancos» y que cuenta con antecedentes históricos de haber limitado las tasas cuando estas se encontraban «fuera de control». El funcionario comparó la tasa que reciben quienes depositan dinero en un banco, cercana al 4%, con la que se cobra a quienes solicitan un préstamo, de hasta el 70%, y calificó esa diferencia como «inexplicable» y «propia de la especulación financiera». Agregó que desde comienzos de año las familias incorporaron el crédito no como una herramienta excepcional, sino como un recurso para afrontar gastos fijos, ante lo cual los bancos «aumentaron la tasa de interés justamente frente a la necesidad de crédito que tiene la familia».
El defensor sostuvo además que el Estado nacional y el presidente Javier Milei no pueden considerar esta situación como «un problema entre particulares», dado que se trata de «dos particulares desiguales» por la asimetría de información y poder entre los bancos y sus clientes.
Respecto del alcance de su pedido, Núñez Burgos precisó que la exigencia de un tope se dirige a todo el sistema financiero regulado por el Banco Central, lo que incluye créditos bancarios, tarjetas bancarizadas y no bancarizadas, tarjetas de supermercado y billeteras virtuales. Aclaró que los sistemas de crédito no regulados quedan fuera del alcance del organismo y que, en términos generales, son ilegales, por lo que recomendó recurrir a entidades financieras reconocidas por el Banco Central.
Sobre las alternativas para quienes recurren a mecanismos de financiación no oficiales, el defensor recomendó a la ciudadanía intentar resolver sus problemas dentro del circuito formal, ya que el propio sistema bancario funciona como un parámetro que advierte sobre el límite de endeudamiento de cada persona. Indicó que, en la Defensoría del Pueblo, ubicada en calle 25 de Mayo esquina Entre Ríos, frente al Monoblock de Salta, un equipo de asesores abogados ofrece mecanismos de mediación para quienes se encuentren en situaciones de deuda excepcionales.
En cuanto a las cifras de endeudamiento en la provincia, Núñez Burgos señaló que no contaba con datos propios de Salta, pero mencionó que en la Cámara de Diputados se había planteado la cifra de unos 500 mil salteños endeudados. A nivel nacional, indicó que se maneja un número aproximado de 3 millones de personas en situación de morosidad de entre 60 y 90 días dentro del circuito formal, un dato que consideró más difícil de determinar en el caso de las billeteras virtuales.