Peritos y exdetenidos declararon cómo ingresaban todo tipo de alimentos de manera subrepticia al penal, además de que conseguir drogas era muy fácil. Todo esto se supo en el juicio contra veinte personas, entre ellas ocho funcionarios del Servicio Penitenciario.
El juicio contra una presunta organización narcocriminal que funcionaba en la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas reanudó audiencias con testimonios de peritos fiscales y exinternos del establecimiento. Entre los veinte acusados figuran agentes penitenciarios, detenidos y familiares de estos últimos, procesados por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.
Según informó la prensa del Poder Judicial, las cámaras de seguridad del penal captaron escenas reveladoras del funcionamiento de la red criminal. Un video mostró a un funcionario penitenciario ingresando tres cajas de pizza por la oficina de Atención al Ciudadano y dirigiéndose hacia los pabellones, donde tres agentes compartieron el alimento con un interno. Las filmaciones formaron parte de las pruebas presentadas por un sargento de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos.
Los perniles de cerdo también formaban parte del sistema de intercambios ilegales. Las transcripciones de escuchas telefónicas revelaron que un reo llamó a su cuñado, dueño de una carnicería, para pedirle que enviara carne al penal. El objetivo era acelerar beneficios mediante sobornos al personal del Servicio Penitenciario, según confirmaron los testimonios.
La comercialización de drogas funcionaba con un sistema organizado de transferencias bancarias. Un exinterno explicó que conseguir estupefacientes «no era difícil» y que bastaba preguntar a cualquier detenido para obtener alias o números de CBU donde enviar dinero. El testigo admitió haberse drogado dentro del penal y comprar sustancias con transferencias que hacía su madre, a quien mentía diciéndole que el dinero era para elementos de carpintería.
La investigación se originó por denuncias anónimas sobre sobornos solicitados por personal del penal a cambio de beneficios para internos o ingreso de elementos prohibidos. Un exdetenido calificó la situación como «una mafia» y reveló que después de declarar en la fiscalía fue castigado con sesenta días de encierro por el jefe de Seguridad Interna del penal por «hablar en contra del Servicio Penitenciario».
