Hay una demanda civil y otra penal. Cuando murió el primero Gendarmería ordenó suspender los trabajos en el monte, pero la disposición no se cumplió hasta que se produjo el segundo fallecimiento el 1 de abril.
Las demandas presentadas por el abogado Alejandro González se realizaron en la Justicia Federal de Orán. El letrado es familiar directo de Darío Molina, el gendarme de 40 años muerto por hantavirus el primero de abril pasado. Semanas antes, el 9 de marzo, había fallecido el gendarme Mauro Ponte de 26 años.
González dijo que tras el primer fallecimiento Gendarmería Nacional había emitido una circular para suspender los trabajos en el monte enmarcados en el llamado Plan Güemes, lanzado por el Gobierno nacional y la provincia en la frontera norte. Esta disposición se fundaba en que varios gendarmes que estuvieron realizando estas tareas en la zona boscosa de la frontera contrajeron la enfermedad. Sin embargo, los jefes locales habrían incumplido esta orden que recién comenzó a respetarse tras la muerte de Molina.
Esta situación fue denunciada en las demandas que hizo González, que es cuñado de Molina. El letrado aclaró que la madre de Ponte está presentada en la causa como querellante. La presentación civil y comercial es por daños y perjuicios contra Gendarmería y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la suspendida obra social de las fuerzas armadas y de seguridad de la Nación.
En sede penal, se radicó una denuncia por abandono de persona contra ambas instituciones, además de agregar una denuncia por mala praxis contra el Hospital San Vicente de Paul, de Orán. También se hicieron reclamos a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), en tanto ambos gendarmes fallecieron mientras cumplían sus tareas como tales.