Una audiencia convocada por la Justicia se realizará el próximo 25 de noviembre. Allí se evaluará el grado de incumplimiento de la Municipalidad de Salta y la empresa con respecto al tratamiento de la basura en el vertedero San Javier.
El abogado representante de vecinos de barrio Justicia – ubicado a 500 metros del vertedero – indicó por FM Aries que “el 25 de septiembre venció el plazo de una orden judicial en el que se preveía que la Municipalidad debía acreditar la culminación de los procedimientos para habilitar la cuarta trinchera y la compra de la geomembrana. En la documentación presentada un día después de vencido el plazo se puede ver que no han cumplido con la orden judicial ni con el procedimiento y no realizaron los estudios”, aseguró Segovia quien añadió que las evasivas y la información falsa por parte de los funcionarios se repitió a lo largo del año.
En ese marco y cumpliendo con los plazos dictados por la justicia, el próximo 25 de noviembre se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier. Allí se evaluará el grado de incumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina. De la misma participarán también los vecinos demandantes, la prensa y público en general.
Segovia indicó en la entrevista que espera que luego de la audiencia se sancionen a los funcionarios públicos porque además del incumplimiento en un “grado alto” también han mentido con los procedimientos no realizados y con las actas mencionadas que ni siquiera estaban labradas.
“Han mentido a la justicia durante todo el año y la mentira en sede judicial debe tener sus consecuencias. Hay un grado de incumplimiento e impunidad en el manejo de la cosa pública”, dijo Segovia que también pidió multas y denuncias por falso testimonio para los funcionarios municipales involucrados.
Finalmente, Segovia consideró que “si alguien oculta información, si no realiza los estudios y no aplica el poder de policía contra una empresa que no cumple los contratos, es porque hay algo que no se puede decir y porque se está defendiendo un interés ajeno al público”.
