Un ex empleado jubilado por incapacidad radicó objeción formal ante la Cámara de Senadores. Otros trabajadores del organismo también reportaron afectaciones en su salud mental.
La designación del abogado Gustavo Adolfo Ferraris para ocupar nuevamente el cargo de Auditor General de la Provincia de Salta enfrenta una objeción formal radicada ante la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara de Senadores. Luis Bernardino Mamaní, ex empleado jubilado por incapacidad del organismo, presentó la objeción el 20 de julio de 2026 argumentando persecución laboral durante la gestión anterior de Ferraris.
Mamaní fue sometido a un sumario administrativo en los primeros días de la presidencia de Ferraris bajo la acusación de presentar recibos de sueldos fraudulentos. «Se comprobó que nada que ver. Que eran reales», señaló en una entrevista radial co el programa Cuarto Oscuro. El ex administrativo fue absuelto tras no encontrar pruebas suficientes, pero aseguró que el proceso derivó en problemas de estrés laboral que lo llevaron a internación en terapia intensiva.
Durante su internación, Mamaní recibió el diagnóstico de pérdida funcional de su único riñón operativo, hecho que atribuyó a la magnitud del estrés laboral sufrido. Actualmente se encuentra inscripto en el INCUCAY en espera de un donante de riñón, además de recibir tratamiento por problemas cardiacos derivados de la situación. «Terminé internado en terapia. Cuando me desperté me dijeron que por el estrés laboral estaba perdiendo el riñón, y hoy estoy haciendo diálisis», relató Mamaní.
La carta de objeción dirigida a la Cámara de Senadores documentó que al menos seis empleados de la Auditoria General resultaron derivados a psicología y Derechos Humanos tras la persecución recibida durante la gestión de Ferraris. También hay solicitud de que se revisen sus legajos personales. Desde el retiro de Ferraris del cargo, «todo el mundo está feliz», según expresó Mamaní, quien agregó que «los auditores están trabajando como corresponde».
La objeción también cuestiona la idoneidad de Ferraris para el cargo, señalando que utiliza indebidamente el título de Doctor sin contar con doctorado ni diplomatura en auditoría. Además, la carta detalla irregularidades administrativas durante su mandato, incluyendo la asignación de tres cargos simultáneos a la contadora Ana Clara Rebuffi, lo que viola normas provinciales que prohíben que un empleado público ocupe más de una función. Se menciona asimismo la sustracción de expedientes documentada en mayo de 2026 por personal del organismo con autorización de Rebuffi, hechos constatados por la Escribanía General de la Provincia y registrados en cámaras de seguridad.
La objeción invoca la inconstitucionalidad de la designación conforme al artículo 169 de la Constitución Provincial reformada en 2021, que establece que los auditores no pueden ser designados nuevamente después de completar su mandato. Ferraris registra más de diez años en funciones de auditor de la Auditoria General de la Provincia de Salta.