Sin ingresos desde noviembre del 2019, sin encuadrar en las condiciones para acceder a beneficios y con nulas certezas sobre cuándo y en qué condiciones se reanudarán las clases; el sector pide ser recibido por provincia y municipio.
Sin dudas de que el sector se ubica entre aquellas actividades que tardarán más tiempo en reanudarse en el país y en la provincia. Pero a esa sombría perspectiva se le suman complicaciones pasadas y futuras que fueron resumidas a CUARTO por Rosana Taborga de A.T.E.S.A. (Asociación de Transportes Escolares de Salta): “este es un sector que trabaja 9 meses al año, son empresas familiares. El perjuicio es muy grande dado que al regreso de las clases muchos padres se verán obligados a renunciar al servicio ya que no contarán tampoco con medios económicos para afrontar este gasto”, sostuvo.
El sector, además, recuerda que sus particulares condiciones de registro laboral los inhabilita a recibir los beneficios otorgados por el gobierno nacional a los sectores más vulnerables. De allí que vean con expectativas un proyecto que impulsa la diputada nacional de la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, quien además de pedir que se haga extensivo a los trabajadores del sector de beneficios como la IFE, la tarjeta alimentar; plantea la necesidad de excluir al sector del confinamiento obligatorio para que cumplan otros servicios importantes para luchar contra la pandemia.
“Por esta razón A.T.E.S.A solicita encarecidamente al gobierno tanto provincial como municipal asistencia a nuestro sector, ya que venimos implorando hace ya casi un mes por todos los medios de prensa sin recibir respuesta. Queremos llevarles propuestas con posible solución para nuestra problemática, pero no podemos hacerlo si no nos reciben. No es nuestra intención crear un ambiente de malestar ni ansiedad en nuestra sociedad con alguna manifestación porque somos conscientes de que no somos los únicos, pero necesitamos ser escuchados”, imploró Taborga.
