En nuestra ciudad las manifestantes se concentraron en el Hospital Materno Infantil. Todas y todos coinciden en un punto: la Ley sigue vigente pero el gobierno de Milei echo mano a artilugios de todo tipo para obstaculizar su implementación.
Los reportes nacionales difunden cifras alarmantes: las denuncias de personas gestantes que no logran acceder al aborto en el sistema de salud aumentaron un 300 por ciento. El derecho establecido en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), cuya implementación lleva casi seis años.
En la concentración realizada ayer en nuestra ciudad, organizaciones y profesionales advirtieron sobre la falta de medicamentos y anticonceptivos, como así también las demoras que pueden poner en riesgo el acceso oportuno. Todo ello fue atribuido al abandono que hizo la Nación de sus obligaciones trasladando los costos a la provincia y, en algunos casos, a quienes necesitan interrumpir un embarazo.
Verónica Liendro, articulante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Salta, declaró a la sección local del diario Página 12 que la situación en la provincia “es bastante desesperanzadora”. Al enumerar las razones, cito la baja del Plan ENIA, la no compra de anticonceptivos o medicamentos como mifepristona y misoprostol. Liendro contó que frente a la falta de medicamentos, las redes de acompañamiento volvieron a asumir tareas que deberían estar garantizadas por el sistema sanitario. El costo de la medicación para una interrupción cuesta alrededor de $200 mil. “Con la economía, como nos encontramos, es tremendo lo que tenemos que asumir cuando es una política de Estado”, afirmó Liendro.
En igual sentido se manifestó la médica de familia Macarena Villena, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Salta. “Desde que tenemos el actual gobierno nacional, no se envía ni insumos de medicamentos para IVE ni misoprostol ni mifepristona. Desde 2023 esos costos salen de los fondos de la provincia”, sostuvo. “Muy frecuentemente sucede que nos quedamos sin medicación, y lo que tenemos que hacer en los centros de salud es recetas para que las personas compren”, agregó.
La médica también cuestionó la distribución territorial de los equipos que garantizan la práctica. Explicó que existen profesionales en centros de Capital, Tartagal y Orán, pero ante la falta de personal capacitado en varios puntos de la provincia la posibilidad de acceder al derecho depende de proyectos impulsados por las propias trabajadoras.
En un comunicado por el 28S, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir señaló que en 2025 los equipos del subsector público de veinte provincias asistieron a más de 87 mil interrupciones con medicamentos y en el primer nivel de atención, que las muertes por aborto se redujeron a la mitad tras la sanción de la Ley 27.610 y advirtió que el actual escenario presupuestario pone en tensión esa política.
Según la Red, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de comprar misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, trasladando a cada provincia la responsabilidad de financiar esos insumos. Trece jurisdicciones respondieron con recursos propios, pero la consecuencia es una mayor desigualdad territorial. En ese contexto, la Red afirmó que Salta concentra casi la mitad de los reclamos recibidos por el 0800 del programa por falta de medicación. También advirtió que la cantidad de personas usuarias de métodos anticonceptivos provistos por la Nación habría caído más del 90% entre 2024 y 2026.