Son «seres sintientes» | La legislatura jujeña aprobó una ley para proteger a las mascotas

La normativa busca mejorar el cuidado y protección de los animales de compañía. Una de las motivaciones es acabar con el maltrato y las prácticas abusivas.

La Legislatura de Jujuy aprobó ley 6293 que contempla medidas para mejorar el cuidado y protección de los animales de compañía considerados como «seres sintientes». Además desestima la «eutanasia» como medida de control de población y prevé la creación de un registro de personas que maltraten animales, además de establecer multas.

Municipalidad de Salta

La nueva ley establece que el Ejecutivo colaborará «en el control de la población canina y felina, prestando asistencia a los municipios en la práctica de la castración o esterilización quirúrgica incluyendo campañas de información sobre vacunación, desparasitación y el cuidado responsable de animales de compañía».

La ley 6293 permite a su vez formalizar «convenios con entidades privadas y públicas municipales, nacionales, fuerzas de seguridad», para «su mejor cumplimiento y su reglamentación».

Por otro lado, establece que «toda persona que acepte ocuparse del cuidado de un animal de compañía será responsable de su salud y bienestar», por lo que determina que el cuidador o responsable tiene la obligación de brindarle un alojamiento y cuidado básicos.

En tanto, los animales domésticos que se encuentren sueltos, abandonados o muertos en la vía pública, sin la correspondiente chapa de identificación, «serán rescatados por el personal designado al efecto y depositados en el lugar que el ente público responsable» fije.

«Se crea una normativa que tiene que ver con dar respuestas a la prevención y cuidado animal, la cual cuenta con la perspectiva de evitar la explotación animal», afirmó la diputada radical Luna Murillo, quien sostuvo que se busca «evitar situaciones de abandono y malos tratos a nuestros animales», por lo que consideró que se trata de una legislación propositiva e «integral para los animales de compañía».

Los espacios políticos respaldaron la nueva normativa que también tuvo aportes de colectivos proteccionistas de animales y unos 50 profesionales, entre los cuales médicos veterinarios.

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