La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke la imputó provisionalmente por violar las medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Magno se abstuvo de declarar. Acá las irregularidades detectadas.
“Es mi trabajo, y si quiero cobrarles 10 millones de pesos, lo puedo cobrar. No tengo que dar explicaciones a nadie”, manifestó Magno en FM Aries allá el 10 de abril. Ocurrió cuando la cuarentena llevaba un par de semanas y su firma acaparó la atención por prestar servicios que, según declaró, la vinculaban con Embajadas y Consulados que le pedían llevar a Ezeiza pasajeros en tránsito que deben ser repatriados, al tiempo que desde el centro del país prestaba el servicio a salteños desesperados por volver a la provincia. Casi como expiando culpas, resaltaba los servicios que prestaba a la provincia: tres vehículos y seis choferes dispuestos de forma gratuita con el fin de hacer traslados internos desde el ex Peaje Aunor hacia la ciudad de Salta.
Ahora la situación se va modificando. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, la imputó provisionalmente el delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En la audiencia, la empresaria se abstuvo de declarar y anunció que presentará su declaración por escrito. Del decreto de imputación surge que la acusada, en su condición de socia de la firma Flor Azul, Sociedad por Acciones Simplificada, realizó viajes en los que infringió la normativa impuesta por la autoridad de aplicación para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la ciudad de Salta.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el pasado 9 de abril llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una «demorada» autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó «de regreso a casa».
De constancias extraídas de la página web de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte respecto de las autorizaciones que debió solicitar la empresa surge que no registran pedidos de DUT (documento electrónico que debe generar la empresa) en los viajes realizados los días 2 de abril a las 22:40, 9 de abril a las 09:35 y 10 de mayo a las 14:15. Además de la falta de DUT, el viaje de fecha 2 de abril se realizó en incumplimiento de la resolución del COE; al igual que el viaje realizado el 9 de abril, en relación al horario en que debían efectuarse los ingresos a la Provincia.
También se registra respecto de los viajes de fechas 9 de abril a las 21:50; 26 de abril a las 10:15; 26 de abril a las 15:35; 24 de mayo a las 08:50 y 28 de mayo a las 14:00; que los manifiestos de viajes en orden a la cantidad de pasajeros que debían ser trasladas fue superior en todos los casos a las declaradas al solicitar los DUT. En tanto, en el viaje realizado el 28 de mayo, la acusada declaró como conductores a dos personas que de acuerdo a informes, eran otras. Todo ello en función de que la información contenida en los DUT no puede ser modificada.
