Su firma CRESUD recurrió a la justicia para no liquidar el canon por explotar tierras de Salta Forestal. Es uno de los grandes terratenientes y tumbador de bosques en la provincia y dueño del Hotel en donde Milei se alojó durante meses.
En el mes de mayo, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, señaló a Elsztain como uno de los grandes tumbadores de bosques en el Norte Grande argentino. Fue en el congreso de la nación. Allí señaló que Elsztain – el dueño del hotel “El Libertador” en donde estuvo alojado el presidente Javier Milei durante la campaña presidencial – como titular de firmas como Cresud era “el mayor terrateniente de Argentina. Tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Elsztain en Salta? 120.000 hectáreas. El equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más”, denunció Viale.
La historia se remonta a la década del 90 del siglo XX cuando el gobierno de Romero adjudicó más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal a la empresa Eco Desarrollo que estaba integrada por la firma Cervera y la familia Olmedo. La primera terminó vendiendo las tierras a Cresud, de Sergio Elsztain.
Ahora el mega millonario amigo de Milei se resiste a paga el canon que dispuso el Gobierno de Salta a través de Salta Forestal correspondiente a la campaña 2021/2022 y presento ante la justicia un recurso en esa dirección. “La empresa CRESUD había cuestionado inconsistencias en las actas, las cuales fijan los montos adeudados por la producción de cultivos como soja, maíz, sorgo y chía, entre otros. Alegaron que los valores carecían de criterios claros y objetividad, y que no se habían deducido costos fundamentales como el del flete” resaltó el sitio InformateSalta.
El mismo medio agrego que “el decreto gubernamental destacó que Salta Forestal S.A., como autoridad de aplicación, actuó conforme a la Ley Nº 7623 y su decreto reglamentario, estableciendo los cánones basados en auditorías, controles de peso y precios de mercado”. El gobierno provincial también rechazó las acusaciones de nulidad planteadas por CRESUD, señalando que la empresa no presentó pruebas concretas ni fundamentos jurídicos que evidencien vicios en el proceso administrativo.
