Lo confirma el 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental. El 60% de los internos sufre esa condición en contra de su voluntad y el 37% se encuentra alojado en estos centros por razones sociales o de vivienda.
Lejos quedaron las esperanzas del año 2010, cuando la Ley Nacional de Salud Mental fue vanguardia en la región al estipular que este tipo de casos debían tratarse con equipos multidisciplinarios, con perspectivas en el cuidado de los derechos humanos y marcaba que en 2020 debían cerrar los “manicomios” y su lógica de tipo carcelaria. En 2017, el gobierno de Macri impulsó por decreto una reforma de la ley, criticada por numerosas organizaciones sociales, entre ellas el Cels, de donde advirtieron que el cambio elimina la perspectiva de derechos humanos, reinstalando el manicomio.
Lo último es corroborado por el 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (CNSM) que se realizó en los establecimientos de internación monovalente en salud mental públicos y privados de todo el país durante 2018 y 2019. Allí se indica que persisten 12.035 personas alojados en hospitales psiquiátricos, que el 60% permanece en contra de su voluntad y que casi 4 de cada diez no está internado por razones de salud mental, sino por problemas sociales o de vivienda.
El diario Tiempo Argentino realizó un completo informe a partir de los datos recabados e indicó que “el 52 % de los pacientes reside en establecimientos públicos y el 48% en privados. El tiempo promedio de permanencia en estos centros es 8,2 años, cifra que aumenta a 12,5 en el sector público. Del total de personas, una de cada cuatro lleva entre 11 y 90 años internada. El 60,4% no firmó consentimiento para estar en el hospital psiquiátrico y sólo el 36,4% tiene criterio de internación. Los datos desoladores siguen: el 41% puede realizar llamadas telefónicas y algunas de ellas deben pagar para hacerlo, algo prohibido por la ley 26.657. En cuanto a la posibilidad de realizar salidas del hospital, el 40% respondió que no había salido a la calle durante el último mes. Apenas el 12% de los internados está en posesión de su DNI y sólo el 28% administra sus propios ingresos económicos. Y si bien el 58% tiene vivienda, el 74% no dispone de ella.
“La realización de este censo era una deuda pendiente en Argentina. ya que según la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), vigente desde 2010, los relevamientos sobre la situación de las personas internadas deben realizarse cada dos años, lo que implica que a la fecha deberían haberse realizado por lo menos cuatro”, expresaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
