La investigación se remonta a la década del 90 cuando la gestión del entonces gobernador Juan Carlos Romero adjudicó cientos de miles de hectáreas fiscales a la empresa Eco Desarrollo integrada por la firma Cervera y la familia Olmedo.
La decisión de desarchivar la investigación fue del fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La investigación se relaciona con una denuncia que cuestiona la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta que a fines de los años noventa se quedó con la concesión de más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal, una sociedad del Estado fundada en la década del setenta para proveer de carbón vegetal a otras empresas del Estado que producían acero.
La concesión se otorgó durante el gobierno del ahora senador nacional – Juan Carlos Romero – quien adjudicó la concesión a Eco Desarrollo, la empresa integrada por la firma Cervera y la familia Olmedo. La primera terminó vendiendo las tierras a Cresud, de Sergio Elsztain. Los Olmedo luego cedieron su parte de la empresa Anta del Plata. Ante las denuncias que daban cuenta de posibles irregularidades en el entramado empresarial y el Estado provincial, la Unidad de Delitos Económicos Complejos optó por archivar las actuaciones en abril de 2019. Las mismas volvieron a abrirse por estos días.
“El MPF aseguró que tras la aparición de ´nuevos datos surgidos en diversos medios de comunicación´, el fiscal dispuso la reapertura de aquella investigación, considerando la necesidad de ampliar el contexto de los hechos a valorar, e incluir ‘aspectos susceptibles de consideración relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal’. Entre esos puntos, señaló la ‘concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral’, en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos”, destacó la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy.
El fiscal Escalante afirmó que “el caso, que involucra a la firma Eco Desarrollo Salta, está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990”. Añadió que “la investigación pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos, incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión”. Los incumplimientos a los que hace alusión se relacionan con las denuncias de que la empresa Eco Desarrollo nunca pagó los 30 mil dólares anuales dispuestas por contrato al iniciar la explotación.
Escalante afirmó que “existe una íntima vinculación» de los nuevos datos con la denuncia realizada antes en las que «se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa pública, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesariedad de reabrir la investigación”.
Ante las posibles críticas por la utilización política de la reapertura de la investigación, Escalante destacó que su determinación “no responde a una decisión caprichosa» sino que conocer «aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”. Aunque la decisión se conoció ayer, el decreto de reapertura tiene fecha del 23 de octubre.
