Funcionarios penitenciarios, internos y familiares integraban la organización que comercializaba estupefacientes y cometía exacciones ilegales. El Tribunal dictó veredicto tras diez semanas de audiencias.
Tras diez semanas de audiencias, el Tribunal de Juicio dictó condenas para 16 personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1. Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala 7, declararon culpables a funcionarios del Servicio Penitenciario, internos alojados en el penal y familiares vinculados.
La Unidad Fiscal, integrada por el procurador General Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, acreditó que los acusados actuaron de manera organizada, con jerarquías y funciones definidas. El sistema criminal se sostenía en dos ejes: la comercialización sistemática de estupefacientes dentro de la cárcel y la perpetración de exacciones ilegales.
Los delitos reportaron un beneficio económico directo a los imputados y fueron posibles gracias a un apartamiento deliberado y constante de la normativa vigente, según la acusación.
En su alegato final, el procurador general Pedro García Castiella resaltó la gravedad institucional del caso y la necesidad de garantizar la verdad real frente a los hechos investigados. Advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario derivó en una vulneración sistemática de derechos humanos, al permitir que algunos funcionarios decidieran mediante prácticas arbitrarias y extorsivas quién sufría abusos y quién obtenía privilegios.
García Castiella sostuvo que estas conductas no sólo configuraron delitos económicos y contra la administración pública, sino que atentaron directamente contra la dignidad de las personas privadas de libertad, cuya protección constituye una obligación internacional del Estado. Destacó que la organización ilícita contaba con jerarquías y roles definidos, con un funcionamiento persistente en el tiempo, y llamó a fortalecer los mecanismos de control institucional para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza.
Las condenas más severas recayeron sobre F.A.B., quien recibió diez años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua y multa por exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes y asociación ilícita. S.F.M. y J.L.A. fueron condenados a diez y ocho años de prisión respectivamente por delitos similares. M.M. recibió una pena unificada de 19 años y seis meses al combinarse con una condena previa. Entre los familiares, M.I.M., H.G.B., M.C.G. e I.M.G. recibieron penas de entre seis y nueve años por comercialización de estupefacientes y asociación ilícita.
Prensa del Poder Judicial informó también que D.B.C. recibió la condena más leve: dos años de prisión de ejecución condicional por participación necesaria en exacciones ilegales agravadas. Dos acusados, S.V.A. y J.J.V., fueron absueltos tras el retiro de la acusación fiscal. El tribunal ordenó además extraer copias de actas testimoniales y correr vista a la fiscalía por la posible comisión de un delito de acción pública. Los fundamentos del veredicto serán leídos en cinco días hábiles.
