Psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas exigen el pago de prestaciones adeudadas, mientras los afiliados enfrentan la falta de atención. Las autoridades del IPS aseguran que los fondos están en gestión, pero no ofrecen soluciones concretas.
Distintos colegios y asociaciones de profesionales de la salud confirmaron que mantendrán la suspensión de servicios a los afiliados del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) debido a la falta de pago de las prestaciones. Psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, kinesiólogos y fonoaudiólogos, entre otros, reclaman una deuda millonaria y exigen respuestas inmediatas. La presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisela Pedersen, advirtió que esta situación afecta tanto a los prestadores como a los afiliados, ya que el IPS adeuda más de 500 millones de pesos solo por los servicios psicológicos de octubre.
A esta problemática se suman los fonoaudiólogos, quienes también denunciaron retrasos en los pagos. María Eugenia Gravaruk, presidenta del Círculo de Fonoaudiólogos de Salta, informó que el sector enfrenta una deuda de 50 millones de pesos. Ambos gremios coinciden en que la falta de respuestas por parte del IPS ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre los profesionales, quienes llevan meses reclamando sin obtener soluciones concretas.
A pesar de los reiterados reclamos mediante notas, correos y llamadas, las autoridades del IPS solo han respondido que los fondos están siendo gestionados en Grand Bourg. La incertidumbre aumentó tras la publicación en el Boletín Oficial del 22 de enero, donde se delegó a los Ministerios de Economía y Salud la potestad de modificar los valores de los servicios prestacionales. Esta medida ha sido interpretada por los profesionales como una señal de que no se prioriza el pago de las deudas existentes.
Ante esta situación, los profesionales exigen una solución inmediata y advierten que, sin respuestas concretas, no reanudarán la atención. Pedersen enfatizó que el IPS es una obra social del Estado y, por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno garantizar el pago a los prestadores.
