La politóloga Esmeralda Siuffi realizó un trabajo de investigación que confirma la conspiración para que el héroe gaucho no saliera de la Catedral a pesar de que la decisión había sido votada por la Legislatura.
La frase que abre el trabajo de investigación de Esmeralda Siuffi sobre la conspiración para mantener los restos de Martín Miguel de Güemes en la Catedral de Salta es muy clara y resume todo el espíritu que rodea a los golpes de Estado que se produjeron en nuestro país. «El poder sueña con el silencio. Anhela suprimir la memoria», reza el epígrafe, una frase del psicólogo Marcelo Valko. El caso ocurrido en 1955 en Salta es sólo un ejemplo más de ese anhelo.
El trabajo «Estudio de caso sobre el destino de legislación creada en democracia y depuesta en el proceso de imposición de la dictadura de 1955, en la provincia de Salta» fue presentado por Siuffi en el marco de la Diplomatura en Gestión Legislativa del Senado de la Nación. La politóloga, ex candidata a intendenta de nuestra ciudad por Unidad Popular, desempolva un episodio que marca la injerencia de los militares golpistas y la Iglesia Católica contra un proyecto que había sido aprobado en beneficio de todos los salteños.
Siuffi relata que el miércoles 15 de junio de 1955 se realizó la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia antes del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de ese año. En esa jornada se aprobaron dos proyectos: uno fue establecer la Semana de Salta, que impulsaba homenajes a Martín Miguel de Güemes en toda la provincia. Se trata de una iniciativa que sigue vigente hasta el día de hoy.
El otro proyecto también fue aprobado y debería haberse cumplido. Pero la Iglesia y los golpistas lo evitaron. Se trataba del traslado de los restos de Martín Miguel de Güemes a un espacio laico y civil, afuera de la Catedral, para que todos los salteños pudieran homenajear al prócer sin religiones de por medio.
Sin embargo, todo quedó en la nada. Mientras que el proyecto de la Semana de Salta fue publicado en el Boletín Oficial, el del traslado de los restos no llegó a esas páginas. Sólo consta en el Diario de Sesión. Según relata Siuffi, los distintos interventores militares se encargaron de evitar que la iniciativa avanzara.
«Hay varias formas de matar, matar la memoria es una forma de aniquilación de la existencia. La desaparición de documentación legislativa y la tergiversación de fechas claves, que puedan dar cuenta de la verdad histórica, constituyen hechos graves que atentan contra la construcción de una vida democrática», asegura Siuffi en el texto. Agrega que «la recuperación de documentos que puedan ayudarnos a reconstruir nuestra historia es fundamental, pero además, ponerlos a salvo de quiénes los ponen en peligro es una tarea pendiente».
«Contra todo ataque hacia la institucionalidad democrática, el ejercicio permanente de estudio, de recuperación de fuentes históricas, de cuidado de nuestra memoria, debe ser un compromiso que nuestras y nuestros legisladores asuman con absoluta entereza la defensa de nuestro patrimonio
legislativo y la promoción de intelectuales que lo protejan», señala Siuffi, que en su trabajo presenta unas cincuenta páginas de documentos que comprueban lo ocurrido.
