Se llama Héctor Cari y es edil del municipio de Guachipas. La fiscal penal, Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa. Lo acusa de fraude a la administración pública.
El caso trascendió en los medios y la fiscal actuó de oficio. La investigación avanzó y Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del imputado.
“Del requerimiento surge que el acusado, en su carácter de Concejal del Municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas que no podía serlo e hizo incurrir en error a la Administración, ya que se requiere contar con la foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se puede ingresar a la solicitud”, precisó el sitio de los Fiscales Penales de Salta.
“Sin embargo, el accionar de Cari no se detuvo allí, pues tras ser notificado que el beneficio le fue acordado, se presentó personalmente ante las oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a sabiendas que no le correspondía hacerlo. Tras ser advertido por los vecinos, intentó encubrir la maniobra ardidosa mediante la presentación de una nota ante el Concejo Deliberante en la que puso a disposición la suma referida”, relató el mismo medio.
Surge así que a raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.
Como se recordará, el gobierno nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos y exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.
“Tal como surge de las constancias del Legajo de Investigación, el imputado ostenta el cargo de Concejal del Municipio de Guachipas, por lo que no podía desconocer, en tal calidad, que no tenía derecho al beneficio cobrado”, finaliza el informe del sitio de los fiscales salteños.
