Se trata de Claudio Parisi, del Juzgado de Garantías N° 2 de Orán, y del jefe municipal de Aguas Blancas, Carlos Martínez. También hay un abogado en la mira.
La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mariana Torres, Carlos Salinas y Alda Daniela Murúa, solicitó este lunes la detención del juez Claudio Parisi, del intendente Carlos Alfredo Martínez, y del abogado Roberto Ortega Serrano.
La solicitud se fundamenta en que las acciones de los tres señalados entorpecieron una investigación judicial, permitiendo que el magistrado diera acceso indebido al abogado a un expediente tramitado en su juzgado y comunicara al intendente, a través de mensajes de WhatsApp, que la Fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.
Además, se espera la autorización de la Corte de Justicia de Salta para allanar el domicilio del juez con el objetivo de secuestrar elementos clave que permitan avanzar en la investigación. La intervención de la máxima autoridad judicial es necesaria debido a los privilegios constitucionales que protegen al magistrado, quien está imputado por violación de secretos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de un acto funcional.
Según difundió Salta 12, los allanamientos solicitados a los domicilios del intendente estaban relacionados con la investigación del asesinato a tiros de su hermano César Daniel Martínez, quien estaba cumpliendo arresto domiciliario. Además, el jefe comunal está siendo investigado por la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado por el homicidio de su hermano, cometido el 12 de noviembre de 2023, y se allanaron sus domicilios los días 12 de abril y 5 de junio de 2024.
Martínez tiene entre sus antecedentes penales una condena de cinco años de prisión por transporte de estupefacientes, dictada el 10 de diciembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. También está imputado por lavado de activos, con procesamiento dictado por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, confirmado por la Cámara Federal de Tucumán.
«Corresponde a esta Procuración General de la Provincia de Salta, y siguiendo los lineamientos establecidos como política criminal persecutoria del crimen organizado, a fin de que el mismo no pretenda afianzar raíces en la zona norte de nuestro territorio, efectuar las alertas necesarias para que las instituciones puedan poner en funcionamiento las prevenciones legislativas y de toda índole que ameriten proceder, para garantizar y asegurar el normal desarrollo constitucional de las instituciones de la Provincia, en este caso, el funcionamiento del Poder Ejecutivo Municipal», aseguró el procurador general, Pedro García Castiella, en notas enviadas a los presidentes de Diputados y Senadores.
