El Programa de Fortalecimiento Comunitario otorgaba subsidios para que las comunidades pudiesen afrontar gastos de quienes los representaban legalmente en situaciones que ponían en riesgo la ocupación comunal de las tierras.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas emitió ayer la resolución 8/2025 por medio de la cual derogó la 235/2004 dando de baja al Programa mencionado. Aducen que el “actual gobierno” busca “mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional”, que ha heredado una situación “institucional, económica y social” caótica y que el programa mencionado “no responde a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
La resolución agrega presuntas irregularidades en la rendición de los subsidios no reintegrables y que es necesario “readecuar, reconfigurar y optimizar los recursos del Estado Nacional a los efectos de planificar e implementar políticas públicas de acceso a justicia, asesoramiento jurídico e instrumentación de mecanismos de reclamos efectivos para las comunidades indígenas”. A pesar de esta afirmación, contradictoriamente, se decide “dar de baja” el Programa de Fortalecimiento Comunitario.
En Salta, la medida afecta demasiado. Debemos recordar que nuestra provincia es la que mayor población indígena concentra en el país. Según el Censo 2022, en nuestro país hay un total de 1.306.730 personas que se identificaron como indígenas o descendientes de pueblos originarios. De ese total, la provincia de Salta concentra 142.870 personas, siendo el departamento San Martin el que registra la mayor población: 42.352 individuos.
No obstante, las comunidades más complicadas ante la eliminación del programa son las ubicadas en la zona de Los Valles Calchaquíes y la Puna. La explicación es fácil de verbalizar: los emprendimientos inmobiliarios y mineros en esas regiones multiplican las tensiones y conflictos legales vinculados a la propiedad y el uso de la tierra. Con el desmantelamiento del programa, las comunidades deberán ver otras formas de costear las consultas o depender de la solidaridad de los letrados amigos.
