Ocurre luego de que el juez federal de Orán rechazara el habeas corpus preventivo en contra de la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior en la frontera norte.
Quien recurrió ante la Cámara Federal de Apelaciones fue el abogado Martín Plaza Schaefer, patrocinante de las organizaciones que presentaron el amparo contra la Operación Roca. En la nueva presentación se le solicita a la Cámara que «revoque íntegramente la sentencia apelada y, en consecuencia, haga lugar a la acción interpuesta, declarando la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1112/24 y de la Resolución N° 347/2025 del Ministerio de Defensa Nacional».
«La misión militar no puede transmutarse en función policial por vía de un Decreto Reglamentario y menos aún bajo la falaz excusa de que ‘cualquier ciudadano puede aprehender en flagrancia’. Este argumento debilita el Estado de Derecho y sienta un precedente adverso sistema republicano y de división de poderes», advirtieron los organismos de DDHH.
También pidieron que la Cámara ordene «hacer cesar cualquier procedimiento de emergencia que implique restricción o privación de libertad de personas civiles por parte del Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas –, en el marco de la denominada ‘Operación Presidente Julio Argentino Roca’ u ‘Operación Roca'». Y que ordene también, en carácter de medida cautelar urgente, «la abstención de aplicar las ‘reglas de empeñamiento’, el Artículo 11 del Decreto N° 1112/24, y cualquier otro apartado y/o instrumento legal que permita o habilite la detención de civiles por parte de las Fuerzas Armadas».
Las organizaciones de DDHH afirmaron que la sentencia que en primera instancia rechazó este hábeas corpus, del juez federal de Orán Gustavo Montoya, «vulnera principios y garantías de raigambre constitucional y convencional. Y dedicaron gran parte de su apelación a argumentar en contra de la habilitación para que las fuerzas armadas puedan detener a civiles.
