La menor se encuentra en la semana 20 de gestación. Organismos judiciales evalúan si el embarazo representa riesgo para su salud integral.
Una niña de 12 años, identificada como A. S. y perteneciente a una comunidad originaria de Tartagal se encuentra en la quinta semana de embarazo y aguarda una decisión judicial para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE). Su familia acudió a la Ciudad Judicial para solicitar asistencia, en medio de una situación que ha generado fuerte impacto emocional en la menor, quien incluso se encadenó en las primeras horas de la mañana como expresión de su angustia.
Según relató Marcela Calerma, quien acompaña el caso, desde la Fiscalía y la Defensoría Oficial le informaron a la familia que la menor “será amparada legalmente” y que se le realizarán estudios médicos para evaluar su estado de salud y determinar si continuar con la gestación implica un riesgo para su vida o su salud integral. La decisión sobre la ILE dependerá exclusivamente de ese resultado, pese a que el embarazo en una niña de esta edad activa presunciones legales de abuso sexual.
Aunque la niña manifestó su voluntad de continuar con el embarazo y cuenta con el acompañamiento de su madre, la legislación argentina considera que todo embarazo en menores de 13 años constituye una vulneración de derechos humanos. El artículo 86 del Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema establecen que, en casos de violencia sexual, la interrupción debe garantizarse sin obstáculos, independientemente de la voluntad expresada por la víctima.
Nuevo Diario informó que para hoy estaba prevista una evaluación médica con la doctora Guzmán, cuyos resultados serán clave para definir el curso del proceso judicial. El caso ha reabierto el debate sobre las barreras que enfrentan niñas en contextos rurales y originarios para acceder a derechos fundamentales, como la salud sexual, la justicia y la protección frente a la violencia, algo que en el norte salteño es moneda corriente.