La Cámara Federal de Salta elevó a juicio oral la causa contra el ex intendente de Rivadavia Banda Norte, acusado de liderar una red de desmantelamiento y contrabando de vías férreas hacia Bolivia. El debate se realizará ante el Tribunal Oral Federal 2 con intervención del fiscal Eduardo Villalba.
En enero pasado, la Cámara Federal de Salta elevó a juicio oral la causa contra Atta Miguel Gerala, ex intendente de Rivadavia Banda Norte (Morillo), acusado de encabezar una organización dedicada al robo sistemático de rieles ferroviarios y su contrabando hacia Bolivia. La resolución fue adoptada por la jueza María Inés Catalano, que declaró admisible la acusación del Ministerio Público Fiscal.
El debate se realizará a partir de hoy ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano, con la intervención del fiscal Eduardo Villalba. La hipótesis acusatoria sostiene que la maniobra se extendió durante meses en el norte salteño con la presunta connivencia de funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según la fiscalía, Gerala habría permitido el uso de herramientas y maquinaria municipal —amoladoras, soldadoras y generadores— para extraer rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas en los tramos de Pluma de Pato, Dragones y Padre Lozano. El material era retirado por personas de comunidades originarias contratadas para el corte y traslado, acopiado en predios municipales y luego trasladado a Bolivia por pasos no habilitados para su fundición y venta como chatarra.
Uno de los episodios documentados ocurrió el 18 de mayo de 2024 en Padre Lozano, cuando dos camiones fueron interceptados con unos 180 rieles sin documentación, valuados en más de 414 millones de pesos. Uno de los conductores declaró haber sido contratado directamente por el ex intendente para trasladar la carga.
La investigación se originó en agosto de 2023, cuando personal del Correo Argentino denunció un cargamento irregular de neumáticos en la Ruta Nacional 51. A partir de ese punto, la Unidad Fiscal identificó una red más amplia vinculada al comerciante David Edilberto Medina, de Orán, quien carecía de capacidad económica para operar legalmente pero administraba galpones y coordinaba el transporte del material ferroviario hacia la frontera, según informó Nuevo Diario.
El expediente ya registra condenas: mediante acuerdos de juicio abreviado, la jueza Catalano homologó las penas de José Miguel «Yopi» Gerala —hijo del ex intendente y señalado como coordinador de la extracción—, de Medina y de un gendarme. «Yopi» recibió seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, en concurso real con cohecho activo y robo agravado cometido en despoblado y en banda.