La senadora nacional MC se refirió a la acción penal que promovió el fiscal Molinati en contra del padre y la tía de Luján Peñalva, “cuya muerte violenta junto a su amiga Yanina investiga la justicia desde hace casi nueve años”.
“Lo grave es que el fiscal encontró una jueza, la Dra. Zunino, que hizo lugar a una medida cautelar disparatada al prohibir a Gustavo Peñalva acercarse a la Ciudad Judicial, en clara violación del derecho humano de acceso a la justicia”, resaltó Escudero en una columna difundida en FM Aries.
Para Escudero, tanto el fiscal como la jueza interpretan que los escraches llevados adelante por Gustavo y Marisa Peñalva son delitos del Código Penal, cuando la jurisprudencia descarta que tales hechos constituyan delito. En ese marco, la referente recordó el ejemplo de un tribunal español que descartó que el escrache que activistas habían realizado en el domicilio de la vicepresidenta del gobierno español constituyan amenaza o coacción.
“Las manifestaciones como medio de denuncia o protesta por las decisiones tomadas o que van a tomar también los jueces y tribunales, constituyen un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos. Un exceso en el ejercicio de un derecho como podría considerarse existió en este caso, no constituye por sí delito”, resaltó Escudero quien también enfatizó lo siguiente: “El respeto al derecho de libertad de expresión es esencial en un sistema democrático”.
En ese punto, la columna recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel c/ Argentina ha expresado “que los funcionarios públicos, incluidos los magistrados, deben ser más tolerantes a las críticas de los particulares ya que el control democrático fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios”.
“En una sociedad democrática, las actividades de los funcionarios salen de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. En ese debate no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también aquellas que chocan irritan o inquietan a los funcionarios o a un sector cualquiera de la población”.
Escudero aseguró que Gustavo Peñalva, padre de Lujan, es una víctima en la causa en que se investiga la muerte violenta de su hija por una razón poderosa: los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación violaron el deber de investigar con los estándares de debida diligencia. “La investigación fue casi nula, no se practicaron pruebas esenciales, se contaminó la escena, no se escuchó a la familia de la víctima, hubo un claro direccionamiento político hacia un rápido cierre de la causa”, resaltando Escudero que la familia Peñalva logró que a Dra. Mudski reabriera la investigación después de buscar asesoramiento fuera del país, aunque la investigación continúa empantanada. “No me gustan los escraches, pero comprendo humanamente la desesperación de una familia sometida a un enorme dolor y presión durante tantos años.
Para Escudero, este y otros hechos evidencian la necesidad de que el Poder Judicial esté sujeto a controles democráticos y no que se controle a sí mismo como ocurre en Salta: la Corte preside el Consejo de la Magistratura que selecciona a jueces y magistrados, decide los ascensos, tiene poder disciplinario sobre los jueces y preside el Jurado de Enjuiciamiento que investiga el accionar de jueces y puede decidir su destitución. “Esta concentración de facultades en el superior tribunal no sólo afecta la independencia interna de los jueces, sino que constituye un déficit democrático y republicano”, sentenció.
“En cambio, a nivel nacional, si un ciudadano entiende que un juez ha obrado incorrectamente puede denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, órgano que actúa por fuera del Poder Judicial, y que analizará la denuncia formulada. Es un control democrático”, remarco para concluir del siguiente modo: “Los jueces deben reflexionar antes de tomar decisiones tendientes a silenciar las críticas en una sociedad democrática. El papel del debate público es fundamental para reconocer la injusticia”.
