La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 y la aprobación del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial genera en las comunidades preocupación por lo que pueda ocurrir en sus territorios en el futuro inmediato.
La Ley 26.16 impedía que las comunidades pudieras ser desalojadas mientras disputaban la posesión de la tierra con titulares particulares. La mima fue derogada por el gobierno nacional. “Es un tema que preocupa a los caciques y referentes de Rivadavia, San Martín y otros departamentos que se sienten como asfixiados por este gobierno nacional”, declaró a la sección local del diario Página 12 Tichil Mendoza, vocero de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP).
La otra medida que preocupa fue la promulgación por parte del gobierno de Salta del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La misma recibió varias críticas y una de ella fue la falta de participación en el proceso de varias comunidades que, a su vez, rechazan la habilitación para el desmonte de más de 720 mil hectáreas.
A esos dos puntos se le suman demandas históricas del colectivo originario de la provincia: más centros de Salud, más profesionales médicos, más medicamentos, más agua, más viviendas. “Se nos están muriendo muchos chicos de hambre”, sostuvo Mendoza al afirmar que “son novedades escondidas y no visibilizadas por las comunidades más lejanas de Santa Victoria Este (SVE), que nos preocupan”. Afirmó que el silencio se reafirma por “presión o miedo” entre las comunidades.
El problema de las adicciones es otro de los temas por el que las comunidades tienen reclamos. “Es un caos total”, afirmó Mendoza. Dijo que “no hay control, si bien es cierto que es zona tripartita”. En este punto, señaló que el ojo se puso solamente en el área de frontera oranense, en donde se está instrumentando el llamado Plan Güemes, aunque también está siendo observado por la represión desatada en diciembre pasado.
