El Comité contra la Tortura advirtió sobre el uso de la fuerza pública este mediodía en nuestra ciudad, cuando se realice una manifestación para repudiar la iniciativa presidencial que pretende desregular toda la economía nacional sin pasar por el Congreso.
Este mediodía de miércoles, la Plaza 9 de Julio de Salta se verá poblada por manifestantes que protestarán contra el DNU de Javier Milei que desregula toda la economía nacional sin pasar por el Congreso. Ante posibles excesos de las fuerzas de seguridad, el Comité contra la Tortura emitió un comunicado.
El Comité Provincial de la Tortura (CPT Salta) emitió el comunicado en conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.
Según difundió Nuevo Diario, el CPT apuntó directamente al «protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación» promulgado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y declaró varios puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, remarcó que el derecho a la protesta se encuentra dentro de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina. Agregó que el protocolo de Bullrich desconoce dicho derecho y avanza sobre facultades del poder legislativo y del poder judicial, al autorizar la detención de personas sin orden de judicial.
También se indicó que el protocolo avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, «desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas federales en sus territorios».
En el comunicado se sostuvo que la interrupción del tránsito de vehículos, peatones o actividades diarias «es un medio necesario para ejercer el derecho a la protesta y no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos».
Se afirmó que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
El CPT agregó que la identificación o registro de manifestantes «colisiona con las prohibiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional». Afirmó que, como se viene efectuando desde su constitución, asistirá a las distintas movilizaciones que se realizarán en la provincia para «monitorear el uso de la fuerza pública, prevenir casos de tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias u otras formas de violencia institucional».
Por último, pusieron a disposición un teléfono de denuncias (3872286782) que estará de guardia permanente.
