Lo indica un informe que relata el caso de la jujeña Maribel Rodríguez, la mujer que aceptó ser “mula” para curar a su hija y que fue absuelta por la justicia de Jujuy. Datos del Ministerio de Defensa.
La crónica fue elaborada por Iago Vieyra y publicada en el sitio El Diario Argentino que aclara que la pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). La protagonista de la publicación es Maribel Rodríguez, la jujeña que aceptó ser mula para acceder a 700 dólares que emplearía para operar a su hija. Fue detenida en el intento y su caso fue noticia por las razones que la deslizaron a transportar la cocaína y las idas y vueltas judiciales que terminaron con su absolución.
No obstante, cuando insertan la vida de Maribel en el contexto en el que se dio su caso se destaca que Bolivia y Argentina comparten 742 kilómetros de frontera y que buena parte del contrabando que se desarrolla incluye pequeños cargamentos de entre uno y ocho kilos de cocaína adosados al cuerpo de las mujeres. “Cada semana son detenidas unas diez mujeres, que la prensa y la policía llaman ‘mulas’ o ‘bagayeras’ y que viajan desde los pasos de frontera de Salta y Jujuy, según el Ministerio Público de la Defensa” destaca el informe.
La opción es económica para el crimen organizado que desembolsa entre US$600 y US$1.000 por viaje, “posiblemente mucho menos que lo que costaría garantizar la logística a través de una cadena de coimas a quienes tienen a cargo los controles, coinciden actores de la Justicia”. Las organizaciones “buscan personas con necesidades a quienes les sea imposible decir que no. Y esa persona casi nunca conoce quién la contrató”, dijo Eduardo Villalba, titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta. “En una causa que tuve en Jujuy, había una persona que buscaba mujeres que tuvieran familiares enfermos”, explicó Villalba.
A los tribunales fronterizos llegan “muchas mujeres de Bolivia, de comunidades aborígenes inclusive, algunas sólo hablan quechua, vienen de situaciones de vulnerabilidad de toda naturaleza. Las captan y las mandan para acá”, dijo Matías Gutiérrez Perea, coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.
“Nadie transporta droga para comprarse un celular nuevo. Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal”, sintetizó Gutiérrez Perea. Estas mujeres aceptan cometer el delito confiadas en que no van a ser detenidas: es un fenómeno que existe hace décadas, según el coordinador de defensores públicos. Las condiciones de vulnerabilidad llevan a límites mortales a estas mujeres. Algunas aceptan transportar la cocaína dentro de sus cuerpos, dosificada en cápsulas. Un envoltorio roto puede ser fatal.
“A esta altura, nadie en esta jurisdicción aplica todo el peso de la ley a una ‘mula’. Pero es algo que sí hemos hecho años atrás”, reconoció el fiscal Eduardo Villalba. “Hoy no existe un fallo de una mujer donde no se cite la perspectiva de género. Hace cinco años atrás no estaba en el mapa del Poder Judicial usar esta herramienta para analizar la situación de las mujeres”, afirmó Gutiérrez Perea.
“Las mujeres que participan del tráfico de cocaína tienen un panorama distinto cuando se enfrentan a los tribunales. Las argentinas pueden optar por aceptar su culpabilidad, en juicio abreviado, y ser sentenciadas sin pasar por la cárcel. La otra alternativa es ir a debate oral para conseguir la absolución, como ocurrió con Maribel. Pero la defensa debe probar el estado de necesidad justificante”.
Distinto es el caso de las imputadas extranjeras, ya que, como están de paso por el país, no tienen recursos, domicilio ni familia en el lugar donde están siendo juzgadas. En un contexto de cárceles que no están preparadas para alojar mujeres, como sostiene Macarena Fernández Hofmann, coordinadora de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que se empezó a hacer es a flexibilizar el acuerdo entre las partes para que se desarrolle un juicio abreviado, generalmente con condenas por debajo de la mínima, y para que se proceda a decretar la expulsión anticipada de las mujeres extranjeras. El principal impedimento para esto es el artículo 64 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871), que ordena cumplir la mitad de la pena antes de la expulsión, escollo que las defensas atacan cuando hay chicos a cargo, con el argumento de la superioridad normativa de la Convención de los Derechos del Niño y de la necesidad de reunir a las madres con sus hijos.
