La empresa Metalnor instaló hornos de fundición a solo seis metros de viviendas familiares, violando normativas ambientales y de seguridad. Más de 9.000 familias se encuentran en riesgo directo por posible contaminación del aire y agua en la zona.
La comunidad de varios barrios ubicados sobre la Ruta Provincial 26, en el límite entre Cerrillos y Salta Capital, enfrenta una crisis sanitaria y ambiental sin precedentes debido a la instalación de una planta de fundición de metales ferrosos. El proyecto, iniciado durante la pandemia en 2020, ha generado una fuerte oposición de los vecinos que denuncian múltiples irregularidades en su aprobación.
La construcción comenzó con el desmonte de 42 hectáreas y la edificación de un enorme paredón que rodea el barrio Los Pinares, según relató a la prensa Elizabeth Avendaño, representante de los vecinos afectados. Lo que inicialmente parecía ser un desarrollo inmobiliario resultó ser una planta industrial de alto impacto ambiental, ubicada a escasos metros de zonas densamente pobladas.
Según detalló la vecina, esta situación resulta particularmente alarmante debido a la proximidad de establecimientos educativos y centros de salud, que se encuentran a solo 200 metros de la planta. Además recalcó que este tipo de instalaciones industriales normalmente se ubican a kilómetros de distancia de áreas habitadas, por los riesgos que implican para la salud pública.
Los vecinos han emprendido una batalla legal desde 2021, presentando un amparo para detener la construcción. Sin embargo, la ex intendenta Yolanda Vega firmó el certificado de aptitud ambiental antes de dejar su cargo, permitiendo que el proyecto continuara a pesar de las más de 600 firmas en contra y las advertencias de 37 expertos sobre los efectos nocivos de la fundición.
La preocupación se extiende más allá de Cerrillos, ya que los vientos podrían transportar contaminantes hacia la zona Sur de Salta Capital, afectando a miles de personas adicionales. Los residentes denuncian que la empresa carece de un plan de contingencia adecuado y que el único plan de mitigación consiste en la plantación de «unos pocos árboles», lo que consideran absolutamente insuficiente frente al daño ambiental potencial.
Según recordó Avendaño a Nuevo Diario, los vecinos continúan su lucha, exigiendo al actual intendente Carlos Borelli que anule el certificado ambiental. Mientras tanto, ya se reportan problemas de salud en la población, y la comunidad teme que la situación empeore si las autoridades no intervienen de manera decisiva para proteger el bienestar de los habitantes de la zona.
