Lo adelantó el ministro Martín de los Ríos quien aseguró que la iniciativa cuenta con amplio consenso. Las organizaciones ambientalistas lo niegan y advierten que la implementación del proyecto tendrá graves consecuencias ambientales y sociales.
El proyecto fue presentado públicamente a fines de 2022 y desde entonces distintas asociaciones ambientalistas cuestionaron los nuevos criterios elaborados por el oficialismo provincial.
Conviene recordar que la obligatoriedad del mapa se estableció con la sanción de la Ley de Bosques en el año 2007. En Salta tiene vigencia desde el año 2009 y en lo central, emplea distintos colores para indicar los suelos que en la provincia deben conservarse tal como están (rojo), los que pueden tener algún tipo de aprovechamiento (amarillo) y aquellos que pueden ser desmontados (verde). El problema es que, en el nuevo mapa, el gobierno salteño sumó un nuevo color: el marrón. Las organizaciones aseguran que el mismo servirá para flexibilizar la norma y permitir más desmonte, pero también resaltan que un nuevo color es inexistente en la ley y por lo tanto ilegal.
La cuestión se tensó más el pasado jueves cuando se supo que la gestión Milei convalidó la actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia. Mientras el gobierno de Salta celebró la medida, los sectores ambientales salteños se mostraron preocupados por lo que consideran un mapa que permitirá más desmontes.
Desde el gobierno provincial resaltan también que el proyecto “tiene un enorme consenso, fruto de la participación de científicos de diversas instituciones y representantes de más de 120 organizaciones sociales” entre las que resaltaron al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Administración de Parques Nacionales (APN).
Sin embargo, las entidades ambientalistas criticaron el proceso y afirmaron que hubo comunidades campesinas que se quedaron sin participar de las reuniones para poner en común los criterios para el desarrollo. A ello sumaron que más de 720 mil hectáreas quedarán a merced de ser desmontadas.
