Diputados dieron media sanción al proyecto que regula los procesos de transición gubernamental en los ejecutivos provinciales y municipales. Ocurre tras meses de tensión entre la intendenta en ejercicio de la capital salteña y el intendente electo.
A días de que Bettina Romero deje la jefatura municipal de la capital salteña y tras meses en donde su gobierno fue señalado de entorpecer al extremo la transición con el equipo de trabajo del intendente electo; la Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó por unanimidad una iniciativa que busca enderezar por ley lo que las personas tuercen por caprichos.
La iniciativa “busca ordenar el proceso de transición de un gobierno que se va a un gobierno que viene” resaltó una de las autoras del proyecto, Cristina Fiore, al momento de defender el mismo en la sesión de ayer. Fiore también debió remarcar lo obvio en su alocución: que el gobernador o gobernadora o el intendente o intendenta electa deben saber en el estado en el que se encuentra la provincia o municipio antes de asumir la gestión. “Para el ciudadano también es importante porque tenemos todo el derecho de saber en qué condiciones se deja el gobierno”, finalizó.
La norma fija que el proceso de transición debe comenzar a partir de las cero horas del día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades electas por el Tribunal Electoral Provincial y concluye con el juramento de las autoridades electas. También crea la Comisión de Transición del Gobierno en Ejercicio y la Comisión de Transición del Gobierno Electo.
La primera funcionará desde el primer día hábil posterior a la convocatoria a elecciones generales y se disolverá el día de asunción de las nuevas autoridades; la segunda deberá entregar los informes de gestión con los recaudos establecidos precedentemente a la Comisión de Transición del Gobierno Electo durante los quince primeros días de iniciado el proceso de transición.
El proyecto establece que la Auditoría General de la Provincia funcionará como autoridad de aplicación y que puede intimar a funcionarios/as responsables para que cumplan con esta norma. Asimismo, el informe final de transición deberá ser girado a la Legislatura, en el caso del gobierno provincial, y en los municipios, a los Concejos Deliberantes, y deberá ser publicado en la página web de la Auditoría en un plazo no superior a los dos meses de finalizado el proceso de transición.
