Legislatura salteña | Autorizan al Ejecutivo a emitir títulos y tomar deuda por hasta 250 millones de dólares

Los proyectos remitidos por la Provincia fueron tratados sobre tablas por los diputados y ya cuentan con media sanción. Los libertarios y el legislador José Gauffin votaron en contra.

Los proyectos remitidos por el Ejecutivo fueron expuestos el día lunes por el ministro de Economía al interbloque oficialista. El primero autoriza al Ejecutivo a emitir un nuevo título de deuda pública por hasta 150 millones de dólares para colocarlo en el mercado local de capitales y cancelar los servicios pendientes del Plan Bicentenario.

“El bono original fue autorizado en 2016 por hasta 350 millones de dólares y posteriormente refinanciado. Ahora quedan tres vencimientos: 50,34 millones de dólares en el segundo semestre de 2026, 48,44 millones de dólares en el primero de 2027 y 46,54 millones de dólares en el segundo semestre de ese año. En total, 145,32 millones de dólares”, resumió la sección local del diario Página 12 que realizo la cobertura de la sesión. “La nueva operación busca reemplazar esa deuda por un título bajo ley local, extender el horizonte de amortización y evitar la concentración de vencimientos entre 2026 y 2027”, agregaron.

Municipalidad de Salta

Como era de esperarse, los diputados del oficialismo presentaron a la iniciativa como una reestructuración de una deuda heredada y sostuvieron que el objetivo es ordenar el perfil de pagos.

Quienes se opusieron fueron los libertaros y el titular del partido Reconquista, José Gauffín. Fue este último quien resumió los cuestionamientos de todos: cuestionó que la operación se presentara como una mejora sin conocer la tasa, advirtió sobre la posibilidad de utilizar la coparticipación como garantía y reclamó una certificación de la Contaduría General que determine que los nuevos compromisos no superan los límites de endeudamiento.

El segundo proyecto autoriza a Salta a acceder a un crédito de hasta 100 millones de dólares del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Banco Mundial, para financiar el programa de infraestructura y desarrollo económico regional. “El préstamo contempla 32 años de amortización, siete años de gracia y seis años para los desembolsos. Los intereses se calcularán sobre los saldos deudores a partir de una tasa de referencia más un margen variable”, destacó el medio ya citado.

El préstamo en cuestión se destinara a obras específicas: 24 kilómetros de rehabilitación y repavimentación de la ruta nacional 51 entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres; infraestructura para nodos logísticos; ampliación de redes de agua potable y saneamiento en la Puna, y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión y fiscalización del sector minero. El proyecto alcanza a Rosario de Lerma, Los Andes y General Güemes, con intervenciones en Campo Quijano, San Antonio de los Cobres, Olacapato y Güemes.

Otra vez la voz disonante fue la de José Gauffín. Tras reconocer que el crédito de un organismo internacional tiene condiciones más convenientes y mayores mecanismos de control, señaló que, a diferencia del primer proyecto debatido, en el segundo sí hay un aumento del endeudamiento.

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