Asuntos Internos le retiró el arma reglamentaria a la agente de la comisaría de San Jorge. La Fiscalía de Rosario de Lerma amplió la causa tras detectar ofrecimientos de licencias y cursos a cambio de dinero.
Una agente de la Policía de Salta, con destino en la comisaría de San Jorge, permanece bajo investigación por presuntamente cobrar dinero a cambio de gestionar traslados y otros beneficios dentro de la fuerza. Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad dispuso el domingo el retiro de su arma reglamentaria, mientras la mujer continúa con licencia desde hace varias semanas.
La causa se originó en la denuncia de una compañera de fuerza que, según las autoridades, es a la vez víctima y parte del proceso. «La investigación comenzó a partir de la denuncia formulada por un efectivo», explicó Exequiel Puca, de la Oficina de Prensa de la Policía, tras lo cual se dio intervención a la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y a la Dirección General de Ciberseguridad.
El Ministerio Público Fiscal determinó que la maniobra no se limitaría a un solo damnificado. Aparecieron más de tres casos, entre ellos situaciones que se habrían concretado efectivamente mediante el pago de dinero, según pudo reconstruirse de la información publicada por medios locales.
Lo que en un principio se investigaba como un presunto ofrecimiento de cambio de destino se amplió a otros supuestos beneficios. Según fuentes vinculadas con la causa citadas por El Tribuno, también surgieron referencias a ofrecimientos de licencias, traslados y cursos a cambio de dinero.
Los allanamientos realizados en domicilios de La Merced y Rosario de Lerma permitieron secuestrar tres teléfonos celulares, que ahora son analizados por los investigadores para determinar otros contactos, pagos o gestiones. La agente ya había sido imputada junto a un hombre civil oriundo de La Merced, señalado como su allegado íntimo e investigado por su presunta participación en la maniobra.
El fiscal Daniel Alejandro Escalante conduce la investigación penal, mientras Asuntos Internos avanza en paralelo con las actuaciones administrativas por tratarse de personal policial. Ambos organismos deberán establecer diferencias entre los ofrecimientos y los casos efectivamente concretados, un punto que será determinante para fijar responsabilidades.
«Cada situación deberá ser analizada de manera individual», informaron fuentes de la causa, en referencia a los efectivos que eventualmente habrían accedido a beneficios a cambio de dinero y que también podrían enfrentar sanciones administrativas.