Un informe reciente expuso la metodología utilizada por esta red que captó víctimas en colegios de Salta. Un remisero actuaba como operador principal, afirmaba haber abusado de las menores antes de ofrecerlas a otros integrantes.
La investigación que se inició en septiembre tras la denuncia de una madre reveló el modus operandi de una red de trata que explotó sexualmente a 35 adolescentes en Salta. Víctor Chorolque, remisero, operaba como el principal captador de la organización, aprovechando su condición de «remisero de confianza» para contactar a las víctimas, trasladarlas y presentarlas a los explotadores.
Según mensajes incorporados a la causa, Chorolque afirmaba haber «probado a todas» antes de ofrecérselas a los otros miembros de la red. Esta metodología revela el nivel de coordinación y sistematicidad con que operaba la organización criminal, que captaba a sus víctimas en colegios públicos y privados de la provincia.
Gonzalo Chibán, comerciante y propietario de departamentos, es señalado como uno de los principales beneficiarios de la explotación. Los testimonios lo describen como «el peor de todos»: exigente, manipulador y proveedor sistemático de drogas como MDMA y hongos para facilitar los abusos. Además aseguran que algunas adolescentes ya eran adictas a las sustancias que Chibán suministraba durante los encuentros en su departamento, donde exigía tríos y ofrecía alcohol.
La red contaba con otros integrantes que cumplían roles específicos. Juan Manuel Saravia, propietario de una gráfica con vínculos políticos, está acusado de integrar la red de explotación sexual. Pol Fredy, repartidor de agua con antecedentes por promoción y facilitación de la prostitución, y Chato Sarapura, propietario de una carnicería que admitió haber estado con una adolescente de 14 años, también forman parte de los imputados.
La investigación, a cargo del fiscal federal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, con intervención del juez federal de Garantías N.º 1, Julio Bavio, también involucra a Coria, presunto propietario de una sodería, y a Colque, sospechado de facilitar encuentros y realizar pagos. Además, un compañero de las menores «marcaba» a sus compañeras ante el remisero, según informó Ciudadana Comunicación.
Los nueve varones imputados enfrentan cargos como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la minoría de edad, la situación de vulnerabilidad, la multiplicidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. Siete permanecen con prisión preventiva y uno con arresto domiciliario. Las víctimas, de entre 12 y 17 años, suman 35 adolescentes. La pena prevista para estos delitos va de 10 a 15 años de prisión.