domingo 3 de marzo de 2024
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Salta

Juicio en puerta | Intiman al IPV a entregar expedientes sobre terrenos del B° Nuestra Señora del Carmen

Un urbanizador reclama como propios lotes usufructuados por el Estado. El pedido ingresó al juzgado de Guadalupe Valdez Ortíz, quien se lo remitió al organismo provincial que tiene plazo hasta el jueves para entregar la documentación.

Fuentes judiciales aseguran a este medio que el litigio se remonta a la década del 80 e involucra a cientos de lotes en donde hoy se levantan las viviendas ubicadas entre el templete de San Cayetano y el barrio Grand Bourg. La zona fue proyectada en los 80 por un desarrollador inmobiliario que, en acuerdo con distintos gremios de la época, buscaron urbanizar el lugar que finalmente quedó en manos del organismo provincial para enojo del empresario que denuncia que el Estado se quedó con lotes que le pertenecían y que hace oídos sordos a sus reclamos.

Ese hombre se llama Carmelo Russo y según fuentes judiciales hace años que peregrina por distintos estudios jurídicos que al analizar los papeles con los que carga, aseguran estar ante un “caso ganado” aunque luego misteriosamente abandonan el patrocinio. Ese peregrinar parece haber terminado hace unos meses cuando Russo recurrió a los servicios del conocido John Grover Dorado quien seguramente arribó a la misma conclusión que el resto, aunque a diferencia de ellos, efectivamente tomó cartas en el asunto.

Municipalidad de Salta

Empleados judiciales aseguran que es la rúbrica de Dorado la que acompaña una presentación del 22 de noviembre pasado al Juzgado Civil y Comercial Noveno a cargo de la jueza Guadalupe Valdez Ortiz quien remitió al Instituto Provincial de la Vivienda un “Requerimiento de Expedientes” vinculado al caso en cuestión.

Al ser consultados sobre qué supone ello, los técnicos informan lo siguiente: “que la justicia a pedido de la parte denunciante, le exige al organismo que le remita los expedientes en cuestión. Esos expedientes sirven a la parte afectada para producir pruebas. Ello, a su vez, confirmaría que la demanda judicial contra el IPV ya está planificada y que los demandantes precisan la documentación original de todo el proceso”, explicaron.

Este medio pudo confirmar que el plazo de entrega de los expedientes por parte del IPV a la justicia vence el próximo jueves 20 de diciembre y que un potencial incumplimiento habilitaría a la magistrada a proceder al secuestro de la misma.

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