Las organizaciones exigen mayor presupuesto para acompañar a las víctimas de violencia, formación para personal policial – judicial y garantizar que se cumplan las leyes pensadas para avanzar hacia la igualdad.
“Juana Carolina Britez Rojas, una vendedora paraguaya de 34 años y embarazada de cinco meses, murió este jueves después de agonizar 12 días en un hospital de Argentina por las quemaduras ocasionadas por su marido, quien la roció con gasolina y la prendió fuego. Valeria Coppa, enfermera de 40 años, recibió un disparo en la cabeza el martes a plena luz del día a manos de su expareja en la ciudad patagónica de Bariloche. El cadáver de la odontóloga Gissella Solís Calle, de 47 años, permaneció dos semanas enterrado junto a una carretera hasta ser localizado hace dos días”, así es la introducción de un artículo publicado en EL PAIS de España para narrar la tragedia argentina.
Las tres mujeres mencionadas por el diario español, son en realidad las últimas tres víctimas de los 22 feminicidios registrados en nuestro país durante el primer mes de 2019 y es un 10% superior al de un año antes. En ese marco, el colectivo Ni Una Menos ha convocado para este viernes a una movilización en el centro de Buenos Aires para exigir al Estado «respuestas políticas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas». La marcha se replica en las principales plazas de las provincias argentinas que según los casos le suman consignas propias de cada región o localidad del interior del país.
«Sólo el 16% (de las mujeres asesinadas) hicieron una denuncia o se acercaron a buscar acompañamiento y algunas no lo comentaron siquiera con su familia. Eso tiene una explicación: las mujeres no confían en la justicia ni confían en sentirse acompañadas», declaró Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro, la primera organización que comenzó a publicar estadísticas sobre feminicidios, hace once años.
Rico pone como ejemplo el botón antipánico que la Justicia entrega a las mujeres que han denunciado por violencia a sus parejas o exparejas. «Con el botón antipánico la responsabilidad recae en la mujer. Pedimos que se activen las tobilleras electrónicas para que el que esté controlado sea el agresor, no que las mujeres tengan que llamar si se acerca a ellas». Las organizaciones de mujeres exigen mayor presupuesto para acompañar a las víctimas de violencia y formación específica para el personal policial y judicial que las atiende, pero también garantizar que se cumplan las leyes pensadas para avanzar hacia la igualdad.
«¿Si la ESI (Ley de Educación Sexual Integral) no se aplica, entonces cómo va a haber cambio cultural? Es importante incorporar la perspectiva de género desde la niñez. Capacitar a profesores y profesoras para modificar la conducta que coloca al varón en el lugar de poder y a la mujer en el de sumisión», señala Rico.
«Cuando una mujer se empodera lo va a transmitir y va a comenzar una relación desde otro lugar. Es cierto que siempre comenzamos nosotras porque somos a las que oprimen y los varones no van a abandonar sin más sus privilegios, pero los más jóvenes están cambiando», señala la titular de la Casa del Encuentro, quien advierte que el cambio cultural no ocurrirá «en dos, tres, cuatro ni cinco años».
