La ley fue sancionada por 56 votos a favor y ninguno en contra; aunque hubo 4 abstenciones.
Esta ley tuvo el visto bueno de los diputados nacionales en noviembre de 2019. Se dijo que era una medida urgente reclamada por el entonces flamante presidente electo Alberto Fernández. Tres meses después su aprobación fue unánime en la Cámara de Senadores.
Una de las principales disposiciones de la ley es la obligación para los comercios de más de 1000 metros cuadrados de superficie de limitar al 30% el espacio disponible en una góndola para una determinada firma o grupo empresario.
Además, obliga a exponer un mínimo de cinco marcas diferentes del mismo producto, como forma de fomentar la competencia entre marcas, la que tendría como efecto una reducción de precios.
Con el supuesto objetivo de garantizar el acceso, en igualdad de condiciones, a la mayor cantidad de actores económicos, la ley fija cuotas de cumplimiento obligatorio para la exhibición de productos elaborados por pequeñas y medianas empresas (25%) y para productos regionales y elaborados por empresas de la denominada economía popular (5%).
A pesar de que la ley fue aprobada unánimemente, hubo voces que detallaron algunos de los supuestos prejuicios que acarreará su aplicación. Por ejemplo el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) la calificó como «un placebo irrelevante» y exigió la aplicación de leyes ya existentes, como las de defensa de la competencia, de lealtad comercial y de defensa del consumidor.
En similares términos cuestionó la iniciativa Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien advirtió que la aplicación de la norma «va a generar innumerable cantidad de conflictos». «Es absolutamente impracticable, además de que exigirá un sistema de reposición cada hora», sentenció, antes de justificar su voto en favor en la cuota de productos regionales.
