El juez federal Leandro Bavio extendió la etapa preparatoria y las medidas de coerción contra los nueve imputados hasta el 28 de noviembre. La causa había sido formalizada hace casi un año, el 11 de septiembre de 2025.
El Tribunal Oral Federal de Salta resolvió el jueves prorrogar por tres meses la investigación que apunta a una presunta organización dedicada a la captación y explotación sexual de niñas y adolescentes de entre 13 y 18 años. La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Leandro Bavio tras el pedido de la Unidad Fiscal Federal, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, durante una audiencia realizada en la Sala II del tribunal.
Villalba sostuvo que «la Fiscalía considera circunscriptos los hechos y acreditada su materialidad» y remarcó que la evidencia reunida permite sostener «la hipótesis de una organización de carácter estable». Según la acusación, el imputado Víctor Hugo Chorolque habría obtenido además un rédito económico de la actividad, mientras que para el resto de los acusados el objetivo atribuido es la satisfacción sexual.
El fiscal precisó que ya se concretó gran parte de las medidas de investigación, aunque restan diligencias, entre ellas un pedido a INTERPOL para rastrear en la nube imágenes y videos de abuso sexual infantil vinculados a los dispositivos secuestrados, según se informó según publica Gente de Salta. También queda pendiente el análisis de comunicaciones a través de redes sociales solicitado por la defensa de uno de los imputados.
«Esta causa tiene una particularidad: es una causa de trata de personas donde las víctimas sí se perciben víctimas», afirmó Villalba, quien explicó que los relatos de las adolescentes resultaron concordantes y permitieron determinar con cuántas víctimas tuvo contacto cada imputado. El fiscal aclaró que la acusación no se sostiene únicamente en esos testimonios, sino también en imágenes halladas en dispositivos secuestrados y en coincidencias entre direcciones IP y los lugares señalados por las víctimas.
Durante la audiencia se ampliaron las imputaciones contra varios acusados. A Chorolque se le sumó el cargo de suministro de estupefacientes, abuso sexual contra una víctima y tenencia de material sexual de menores; a Gonzalo Daniel Chibán se le agregaron cargos por tenencia y distribución de ese material, abuso sexual y una imputación por insolvencia fraudulenta vinculada a bienes inmuebles; y a Carlos Daniel Sarapura se le ampliaron los cargos por tenencia y distribución de imágenes y abuso sexual respecto de tres víctimas.
La Fiscalía solicitó mantener la prisión preventiva para siete de los nueve imputados —Chorolque, Chibán, Juan Manuel Saravia, Jorge Mariano Basalo Córdoba, Martín Eusebio Córdoba, Sarapura y Ricardo Alfredo Pol— y el arresto domiciliario para Elio Gabriel Coria y Pablo Octavio Colque. Villalba fundamentó el pedido en la gravedad de las imputaciones, con escalas penales de entre 10 y 35 años, y en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El juez Bavio rechazó los pedidos de morigeración presentados por las defensas de Pol y de Coria. En el caso de Pol, tuvo en cuenta un intento de fuga hacia el sur y maniobras para lograr que una víctima modificara su declaración; en el de Coria, consideró que mantuvo comunicaciones con Chorolque sobre la edad de una adolescente de 17 años. Bavio también declaró compleja la causa por la cantidad de imputados y víctimas, lo que habilitó la extensión de plazos hasta fin de noviembre.