Se trata de la empresa Punastone SA que inició trabajos de exploración sin contar con todos los permisos necesarios y operando dentro de la zona de influencia del sitio arqueológico que integra el Qhapaq Ñan, la red de caminos construida por los incas.
La empresa minera Punastone SA inició trabajos de exploración sin contar con todos los permisos necesarios en un catastro que figura en registros oficiales a nombre de uno de los socios de la firma, Gastón Ángel Martínez. El pedimento abarca una superficie que apenas supera las 680 hectáreas. Se encuentra a 10 kilómetros al oeste del pueblo de Santa Rosa de Tastil, aunque dentro de la zona de influencia del sitio arqueológico que integra el Qhapaq Ñan, la red de caminos construida por los incas.
La semana pasada vecinos de la Quebrada de Las Cuevas denunciaron ante distintos ámbitos provinciales la actividad con máquinas excavadoras y camionetas a kilómetros de la ciudadela pre-incaica. Quien relató los pormenores del proceso fue Diego Sberna, director del Qhapaq Ñan en Salta. En declaraciones a la sección local del diario Página 12, Sberna narró que distintos funcionarios locales le informaron que circulaban camionetas y “que una máquina estaba removiendo el suelo en la Quebrada de la Quesera».
Sberna aclaró que la remoción del suelo no fue el sitio arqueológico de Santa Rosa de Tastil, pero sí en su área de influencia, en otros sitios arqueológicos y que la empresa dañó el sistema hídrico de la Quebrada al realizar obras para desviar el curso del río que la atraviesa. “En 2014 la UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Qhapaq Ñan. Estos sitios tienen un área núcleo y de amortiguación que no se puede tocar, mientras que el área de influencia podría ser sujeta a exploraciones y explotaciones, previa autorización de la autoridad del lugar” recordó el medio ya citado.
En ese marco y por no contar Punastone S.A. con el permiso de la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia, el pasado jueves varios organismos provinciales labraron un acta a la minera y frenó todo tipo de trabajos hasta presentar la totalidad de los permisos requeridos. En el lugar, el equipo tipificó también el delito arqueológico porque el accionar de la maquinaria dañó estructuras domésticas menores construidas por pueblos originarios.
Mientras tanto, en octubre, lugareñas y lugareños se autoconvocaron para definir si estaban o no de acuerdo con la actividad minera en el espacio que habitan.