La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio acusó a los involucrados de estafas reiteradas y falsedad documental, en un esquema que afectó a cientos de víctimas. Entre los imputados figuran 13 efectivos policiales.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la elevación a juicio para 27 personas implicadas en el caso de la financiera ilegal «Ríos & Asociados S.A.». Entre los acusados se encuentran 13 efectivos de la Policía de la provincia de Salta, quienes habrían participado en un esquema de estafas reiteradas y falsedad de instrumentos privados, con un total de 849 hechos delictivos.
La financiera operaba en un local ubicado en la Avenida Bicentenario N° 1330, local 27, en la ciudad de Salta. Durante 2022, el lugar cobró notoriedad debido a la gran afluencia de personas que acudían a realizar inversiones. Según la investigación, miembros de las fuerzas de seguridad, tanto policiales como penitenciarias, habrían invertido sumas considerables, comprometiendo incluso sus vehículos y sueldos mediante préstamos personales, atraídos por la promesa de ganancias excepcionales.
Entre los imputados destacan Cynthia Elizabeth del Valle Moya, señalada como jefa y organizadora de la asociación ilícita, junto a otros 26 acusados, incluyendo a funcionarios públicos y civiles. La fiscalía también solicitó la declaración de rebeldía para Melisa del Valle Maciel, quien no compareció y no pudo ser localizada. Los delitos imputados incluyen estafas reiteradas, falsedad documental, asociación ilícita, abuso de autoridad y encubrimiento, entre otros.
El modus operandi consistía en ofrecer a las víctimas inversiones en mercados bursátiles y criptomonedas, con contratos que simulaban legitimidad mediante la firma de un supuesto presidente de la entidad. Este engaño permitió captar a numerosas víctimas, quienes aportaron dinero y bienes, como vehículos y motocicletas, confiando en las promesas de altos rendimientos.
La investigación reveló que el esquema operaba como una estafa piramidal o «Esquema Ponzi», utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, simulando rentabilidad. El colapso del sistema ocurrió cuando dejaron de ingresar nuevas víctimas. Según el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), los acusados obtuvieron más de 513 millones de pesos y 510 mil dólares, parte de los cuales fueron destinados a la compra de vehículos de alta gama. La fiscalía concluyó que los hechos configuran delitos de estafa reiterada, falsedad documental y asociación ilícita, entre otros.
