“El futuro del jefe de Gabinete se convirtió en el eje de una compleja partida de ajedrez político”, aseguran medios nacionales que ponen el foco en lo que hacen o dejaran de hacer los mandatarios Sáenz, Jaldo, Jalil y Llaryora.
“La fecha decisiva será el próximo 25 de junio, cuando los gobernadores definirán si mantienen el escudo legislativo que protege al jefe de Gabinete o si habilitan el desplazamiento de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente”, destaca un análisis político publicado por el diario Perfil.
Como se sabe, el futuro del jefe de Gabinete se debate día a día por la creciente presión de opositores y aliados del gobierno nacional para removerlo por los casos de corrupción que le envuelve. En ese tablero, muchos se enfocan en los movimientos que ejecutan cuatro gobernadores aliados del gobierno: los de Salta, Tucumán, Catamarca y Córdoba.
“A esta altura, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabeza una postura cautelosa dentro del grupo de mandatarios provinciales que suelen acompañar al Gobierno nacional y, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ya dejó en claro que no respaldará una remoción del funcionario”, destaca Perfil.
“El argumento de fondo del salteño es político-táctico: considera que si el Poder Legislativo desplaza al funcionario, le resuelve un problema a Javier Milei y le entrega en bandeja una narrativa de ´persecución´ o ´golpismo´. A juicio de Sáenz, el costo político de la salida de un funcionario acusado de corrupción debe ser asumido íntegramente por el Presidente. ´Hay que dejar que lo eche Milei´, sostienen desde su entorno”, agrega el análisis publicado.
Aquel bloque, que controla el bloque Convicción Federal en el Senado, logró recientemente una tregua: presionaron para levantar la sesión de esta semana y así evitar quedar expuestos ante la embestida del peronismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó darles una «semana de gracia». Si para el próximo jueves 25 de junio el Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de su Jefe de Gabinete, el pedido de interpelación avanzará hacia una votación el 2 de julio.
En paralelo, la situación en Córdoba marca una división clara dentro del peronismo no kirchnerista. El gobernador Martín Llaryora decidió tomar distancia de la postura de su antecesor, Juan Schiaretti, quien se ha mostrado alineado con el PRO y Mauricio Macri en la exigencia de la renuncia de Adorni. Según el llaryorismo, las encuestas de gestión no avalan el involucramiento en la remoción del funcionario. «La gente no lo quiere [a Llaryora] haciendo politiquería, lo quiere gestionando», explicaron fuentes cercanas al mandatario cordobés.

