Sebastián Aguirre Astigueta era asesor legal del intendente Fernando Almeda. Fue designado en la Fiscalía de Estado y los cafayateños recordaron las denuncias contra él por “tentativa de fraude a la administración pública y prevaricato”.
El Boletín Oficial del día viernes 7 de febrero, publicó el DECRETO Nº 166 en donde se designa “al Dr. SEBASTIÁN FACUNDO AGUIRRE ASTIGUETA (…)en el cargo de ABOGADO CONSULTOR DE LA FISCALÍA DE ESTADO”. Rápidos de reflejos, vecinos cafayateños recordaron a CUARTO que se trata de quien fuera el Asesor Legal del municipio durante el conflicto legal que enfrentó a los descendientes de la familia Etchart y pobladores cafayateños versus la bodega francesa Pernord Picard y miembros del gabinete de Fernando Almeda, señalados como responsables de que 32 hectáreas que el municipio recibiera de la vieja bodega Etchard quedaran en manos de los franceses.
En medio del conflicto el municipio firmó un convenio que en lo central daba la razón a los franceses, algo que no sólo fue repudiado por los habitantes, sino que también mereció un denuncia ante el entonces Procurador Pablo López Viñals (septiembre del año 2016) por tentativa de fraude a la administración pública y prevaricato que alcanzaba a Néstor Fernando Almeda, Intendente Municipal; Sebastián Aguirre Astigueta, Asesor Legal de la Municipalidad de Cafayate; Gabriela Quipildor, Secretaria de Gobierno; José Luis Argañaraz, Martillero Público contratado por la firma Pernod Ricard y Benoit Michel Marie Laug, General General y CEO de la firma Pernod Ricard Argentina SRL.
El juicio sigue en marcha, pero en la memoria de los cafayateños está presente el rol cómplice de quien era intendente y de su asesor legal, el ahora abogado consultor de la Fiscalía de Estado. “Que alguien que formo parte de maniobras que atentan contra el patrimonio del Estado sea designado en el órgano que debe defender el fisco provincial parece un chiste. Sin olvidar acá no es ningún secreto que sigue trabajando para “Casita” Almeda”, declararon los vecinos que se comunicaron con CUARTO.
El conflicto por las 32 hectáreas empezó en 1996 cuando la bodega dijo haber adquirido ñas mismas cuando compraron la bodega Etchart, aunque esas hectáreas habían sido donadas al municipio en 1962 por quien fuera la esposa de Arnaldo Etchart: Carmen Rosa Ulivarri. Las pruebas eran varias, pero la fundante una nota del 8 de septiembre de 1962 donde, la “Sucesión” de Arnaldo Etchart -quien en 1938 había comprado la finca de 65 hectáreas para dedicarla a la industria vitivinícola-, escribió: “Tenemos el agrado de dirigirnos al señor director [de Aeronáutica Provincial] a efectos de formalizar la donación de un campo de nuestra propiedad, destinado a pista de aterrizaje de ésta localidad”.
Los sucesores aclaraban además que “dejamos expresa constancia, que en caso de desvirtuarse el objeto de esta donación, la misma será de ningún valor, debiendo restituirse el campo a sus actuales propietarios, herederos o sucesores”. El documento fue declarado auténtico por la escribana Susana Josefina Uriburu el 12 de enero del año 2009.
También corroboraba la versión el decreto 962 del año 1980 que refrendaba la ordenanza Nº 8 del año 1979, que había sido aprobada en Cafayate y que daba legalidad a lo que hasta entonces funcionó de hecho: el uso de esas tierras para la pista de aterrizaje que además debía denominarse como los donantes habían pedido: Arnaldo Etchart.
La bodega, mientras tanto, aseguraba que adquirió esas hectáreas cuando desembarcó en Salta en el año 1996 y adquirió las bodegas Etchart. Fue entonces cuando la firma aprovechó las ambigüedades y errores de los documentos oficiales para justificar el despojo. El error fue centralmente el siguiente: la mención en la ordenanza municipal cafayateña 8/79 que la donante había sido la firma Arnaldo Etchart Sociedad Anónima que tenía inscripta las tierras identificadas en La Dirección General de Inmuebles con la matricula Nº 49.
La empresa prescindía así de otras razones verificables: esa Sociedad Anónima se formalizo recién en el año 1968, seis años después de efectuada la donación; desde 1962 la Matricula 49 dejó de existir porque la misma se desdobló en dos: la 2.078 y la 2.079, la primera de las cuales ya aparece como propiedad de la municipalidad en la cédula parcelaria presente en la Dirección General de Inmuebles; esto último porque aun cuando la aceptación formal de la donación ocurrió con la ordenanza de 1979 y el decreto 962 de 1980, la toma de posesión había ocurrido 17 años antes, cuando además de crearse la pista de aterrizaje, su mantenimiento quedó a cargo de la municipalidad.
