A través de una carta formal, el colectivo pidió que se concrete la designación de Irene Cari en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, cargo que ganó por concurso y fue ratificado por la Corte Suprema. También reclamaron la cobertura urgente de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, vacante desde hace más de un mes.
La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta envió una carta al gobernador Gustavo Sáenz para exigir la designación inmediata de Irene Cari como directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), cargo que la dirigente ganó por concurso hace más de cinco años y que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. También reclamaron que se cubra la vacante en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, acéfala desde hace más de un mes, lo cual consideraron una expresión de violencia institucional.
En una entrevista realizada por el programa Cuarto Oscuro (FM La Plaza 94.9), Sofía Fernández, integrante de la Asamblea, explicó que el pedido también incluye que “la representante de las organizaciones sociales ocupe un lugar en el observatorio” para que “nuestra voz sea escuchada y haya una incidencia política real en las decisiones que toma el gobierno”.
Según Fernández, la falta de respuestas oficiales a reiteradas notas enviadas a distintos organismos del Ejecutivo provincial motivó que esta vez el pedido se dirigiera directamente al gobernador. “Las respuestas son simbólicas para el público en general. Nombran otra vez la emergencia en violencia de género, pero sin una decisión política real para atacar estas problemáticas”, afirmó.
Consultada sobre la posibilidad de avanzar judicialmente, Fernández indicó que el caso de Irene Cari ya fue resuelto por la Corte Suprema y solo resta que el gobernador firme el nombramiento. Sin embargo, sostuvo que no hay voluntad política para que las organizaciones sociales tengan incidencia real en las políticas públicas. “Declaran la emergencia, pero no la implementan. Las leyes que conseguimos pretenden dejarlas en letra muerta”, denunció.
Respecto de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, actualmente sin conducción, señaló que “en los hechos está a cargo Ricardo Villada, lo cual para nosotras es gravísimo”. Cuestionó además que ese espacio “no cuenta con presupuesto” y que “el techo de cristal es muy bajo para las profesionales que podrían asumir ese cargo”, recordando el caso de Itatí Carrique, quien hasta hace poco estuviera a cargo el OVCM.
La vocera también subrayó la falta de articulación territorial con promotoras y organizaciones sociales: “No tenemos defensoras oficiales, no hay seguimiento de casos, ni articulación con los territorios”. Insistió en la necesidad de “conocimiento del territorio” para una verdadera ejecución de políticas con perspectiva de género.
En relación al presupuesto provincial anunciado como “el primero con perspectiva de género”, Fernández desmintió su aplicación efectiva. “Hoy no hay acceso a la interrupción voluntaria del embarazo gratuito en la provincia. Te mandan a comprar pastillas que cuestan más de 200 mil pesos”, aseguró. Como ejemplo adicional, mencionó los montos insuficientes asignados a víctimas para salir de situaciones de violencia y las barreras económicas que impone el IPV a mujeres en situación de vulnerabilidad que quieren acceder a una vivienda.
Finalmente, denunció que “ni siquiera lo básico en seguridad tiene perspectiva de género”. A modo ilustrativo, destacó la falta de iluminación en zonas rurales como La Caldera, donde desapareció una mujer, y en La Silleta, otro caso reciente de violencia. “Tenemos gendarmes en las fronteras, pero no luces en los pueblos”, concluyó.