Daniel Parisini (gordo Dan) instó al presidente argentino a encarcelar comunicadores mediante decreto presidencial. El influencer distorsionó hechos históricos al comparar su petición con acciones tomadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1985.
El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como «el gordo Dan», generó controversia al solicitar públicamente al presidente Javier Milei que decrete la detención de periodistas. A través de sus redes sociales, Parisini hizo referencia a medidas adoptadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín en octubre de 1985, escribiendo: «Meta preso a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín».
La afirmación de Parisini distorsiona significativamente los antecedentes históricos. El decreto 2049 firmado por Alfonsín ordenó la detención de 12 personas por su presunta participación en un complot golpista, no como una medida contra periodistas por su actividad profesional. Las detenciones se produjeron en el marco de un estado de sitio declarado tras una serie de atentados con bombas y amenazas contra autoridades. Entre los detenidos figuraban el general retirado Guillermo Suárez Mason, cinco militares más y seis civiles, incluyendo al analista político Rosendo Fraga y a los periodistas Jorge Vago y Daniel Horacio Rodríguez.
Estas declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la prensa, con una escalada verbal del presidente Milei contra diversos comunicadores, entre ellos Diego Brancatelli, Carlos Pagni, Ignacio «Nacho» Girón y Paulino Rodríguez. En sus redes sociales, el mandatario ha expresado mensajes como «No odiamos lo suficiente a los periodistas».
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha señalado recientemente un «alarmante deterioro» de la libertad de prensa en América Latina, haciendo especial mención a Argentina y un «giro autoritario». La organización ubica al país en el puesto 87 del índice de libertad de prensa y denuncia que el gobierno «ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política».